Trayectoria
La Restauración, el régimen de 1876, la obra histórica y política de Cánovas del Castillo, un hombre de origen modesto (su padre fue maestro de primera enseñanza) pero con contactos en Madrid que le permitieron estudiar Jurisprudencia (Derecho) y entrar, hacia 1850, en política de la mano de O’Donnell, y un político conservador, pesimista y pragmático, fue un régimen de concordia y libertad, y un sistema comparativamente estable. El país quedó en efecto pacificado en 1876 tras la derrota del carlismo en la Segunda Guerra Carlista (1872-1876), y tras el fin, dos años después de la guerra que había estallado en Cuba en 1868, los dos conflictos que hicieron fracasar el llamado Sexenio Democrático (1868-1874) propiciado por la revolución «gloriosa» que en 1868 derribó a Isabel II. La Constitución de 1876, inspirada personalmente por Cánovas y vigente hasta 1931 —aunque suspendida entre 1923 y 1930 por la dictadura de Primo de Rivera—, fue en principio una Constitución conservadora, que radicaba la soberanía en las Cortes y en el rey, reconocía a la religión católica como religión del Estado y establecía un sufragio restringido. Pero fue suficientemente flexible como para incorporar en poco tiempo muchos principios democráticos: sufragio universal masculino (1890), juicio por jurado, culto privado de religiones no católicas.
Cánovas —físico poco agraciado, culto, irónico, si no cáustico— logró crear un sistema bipartidista. El turno regular en el gobierno entre un partido conservador y un partido liberal definió la política española entre 1876 y 1913 y, aun con dificultades, hasta 1923. Cánovas mismo, que había sido subsecretario de Gobernación en el «gobierno largo» de O’Donnell (1858-1864), ocupó la jefatura del gobierno en los años 1875-1881, 1884-1885, 1890-1892 y 1895-1897. El comportamiento constitucional de Alfonso XII (1875-85), el rey restaurado por el pronunciamiento militar del general Martínez Campos de diciembre de 1874 —pronunciamiento que disgustó a Cánovas, líder ya en aquel momento del monarquismo alfonsino y partidario de una restauración civil y política—, y luego, el de su viuda María Cristina, regente entre 1885 y 1902, prestigió la Monarquía, tras el descrédito que para la corona había supuesto el reinado de Isabel II (1833-1868). La Restauración, en suma, pareció haber resuelto los que habían sido los grandes problemas del país desde la creación del Estado nacional a partir de 1808: intervencionismo de la Corona en la política, pronunciamientos militares (esto es, el ejército como instrumento del cambio político), falta de consenso constitucional, uso exclusivista del poder. Después de 1874, los militares siguieron siendo un fuerte grupo de presión y el ejército siguió siendo muy sensible a toda crítica exterior; pero la estabilidad política hizo que los militares dejaran de ser, hasta 1923, el instrumento esencial de la acción y del cambio políticos.
La Restauración se fundamentó en una concepción unitaria de España como nación. Excelente historiador (al menos en El Solitario y su tiempo. Biografía de D. Serafín Estébanez Calderón y crítica de sus obras, 1883, y Estudios del reinado de Felipe IV, 1888-1889), movido por un intenso sentimiento nacional y dotado de un extraordinario sentido del Estado, Cánovas creía que España era una nación —una «nación permanente»— desde el advenimiento de la casa de Austria a principios del siglo xvi, y una nación indisoluble, cimentada en una nacionalidad común nacida en la Reconquista y forjada a lo largo de los siglos (como dijo en uno de sus más significativos discursos, su discurso en el Ateneo de Madrid de 6 de noviembre de 1882). Cánovas —que entendía, y lo dijo ya en 1861, que la «centralización» era en España una garantía para la libertad— quería así para la España de fines del siglo xix un Estado centralista, sin territorios dotados de instituciones políticas privativas y propias, y en el que hubiera un solo principio de soberanía, las Cortes con el rey: la Constitución de 1876 no contemplaba otro tipo de división territorial que las provincias y los municipios. La derrota del carlismo, certificada con la caída de Estella, la «capital» carlista, ante los ejércitos liberales el 19 de febrero de 1876, conllevó la abolición de los Fueros vascos, ya muy modificados en 1839, y su sustitución por instituciones de régimen común, esto es, diputaciones provinciales electivas y ayuntamientos constitucionales.
Los hechos, y sus consecuencias políticas, fueron con todo complejos. Político pragmático, como ha quedado dicho, formado en la Unión Liberal de O’Donnell, el partido que apareció como una vía media entre moderados y progresistas, y que quería hacer de la Monarquía restaurada en 1874 un régimen de integración, Cánovas quiso mantener en 1876 un equilibrio entre el mantenimiento de los Fueros, defendidos por representantes del sector más conservador del nuevo régimen (y por los diputados vascos y navarros, y las diputaciones forales vascas), y su abolición total, reclamada por la casi totalidad de la prensa del país —que identificaba Fueros con carlismo—, y por los representantes de las principales minorías y grupos parlamentarios (equilibrio que, sin duda, Cánovas quería compatibilizar con su convicción de la necesidad de extender a las Provincias Vascas la unidad constitucional y de penalizar de alguna forma al carlismo como responsable de la guerra de 1872). Cánovas quiso probablemente, o así pareció, algún tipo de solución como la lograda para Navarra en 1841: una adecuación pactada de los Fueros vascos al orden constitucional y concesión, a cambio, a las Provincias Vascas de cierto grado de descentralización administrativa y económica. No hubo, sin embargo, acuerdo. Las negociaciones entre el gobierno y representantes de las diputaciones forales vascas que tuvieron lugar en mayo de 1876 fracasaron: ninguna de las partes cedió en sus respectivas posiciones.
La Ley de 21 de julio de 1876 abolió, pues, los Fueros vascos (recuérdese que el Decreto de 25 de octubre de 1839 fue un decreto de modificación de Fueros, no un decreto abolitorio, se dijera lo que se dijera mucho después: parte de la vieja foralidad subsistió hasta 1876; las diputaciones provinciales vascas siguieron siendo diputaciones forales hasta dicho año). La Ley de 1876 estableció la unidad constitucional en todos los territorios del Estado español. La visión integradora de Cánovas, con todo, quedó patente enseguida: solo dos años después, por Real Decreto de 28 de febrero de 1878 —fundamentado en disposiciones previstas en la misma Ley de 21 de julio—, Cánovas estableció el régimen de Conciertos Económicos para las Provincias Vascas (vigente hasta 1937), un régimen de verdadera autonomía fiscal y recaudatoria para las Provincias Vascas, un régimen de excepcionalidad, en virtud de la cual las diputaciones vascas pagarían al Estado en razón de impuestos y contribuciones un cupo económico anual previamente concertado entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las respectivas Provincias Vascas, a quienes correspondería la capacidad recaudatoria.
La cuestión foral se resolvió, por tanto, mucho más satisfactoriamente que lo que pudo pensarse en razón ante todo del malestar que en la opinión española produjo el levantamiento y la Guerra Carlista de 1872-1876 (que no fue otra cosa que un movimiento contrarrevolucionario contra la revolución de 1868). Primero, la abolición de los Fueros provocó, sin duda, malestar y numerosas manifestaciones de sentimiento y oposición: protestas formales de los representantes vascos, aparición de publicaciones periódicas fueristas (La Paz, Euskal-Erria, otras), publicación, o reedición, de todo tipo de obras de erudición, o divulgación, de historia de los Fueros, y de literatura costumbrista «vascongada», erección de monumentos públicos en recuerdo de los Fueros, calles dedicadas a su memoria. Pero no provocó movimientos políticos, culturales o asociativos consistentes, generalizados y continuados en su defensa. Desde 1881 desaparecieron de la política local las agrupaciones (y seudopartidos) políticos «fueristas y «vascongados»; el mismo carlismo aceptó el juego legal y parlamentario de la Restauración, y la vía legal y pacífica para la defensa de sus aspiraciones. Segundo, el régimen de Conciertos Económicos creó un régimen fiscal sumamente beneficioso para los intereses económicos del País Vasco. Conciertos económicos, protección arancelaria, contratos estatales (p. ej., a los astilleros de la ría de Bilbao), facilidades a la exportación (caso del mineral de hierro de Bizkaia), fueron factores clave en la industrialización de Bizkaia y Gipuzkoa que se produjo en las últimas décadas del siglo xix, precisamente después de la abolición foral. Los Conciertos Económicos, o en singular el Concierto Económico, fueron de hecho una nueva foralidad. Combinaron privilegios económicos para las Provincias Vascas con memoria de los Fueros. La opinión pública vasca se identificó muy pronto con ellos. Los intentos que posteriormente, lo mismo en la Restauración, que en el reinado de Alfonso XIII (1902-1931), que bajo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) que en la Segunda República (1931-1936), la Hacienda española quiso hacer de cara a la modificación del cupo, o a la introducción de impuestos no concertados en las Provincias Vascas, tropezaron siempre con grandes movilizaciones de protesta.
Precisamente, la política económica del régimen restaurado, definida, como acaba de apuntarse, por el elevado proteccionismo arancelario (oficializado por el artículo de Cánovas de 1890 «De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista» y por el llamado Arancel Cánovas de 1891), creó las condiciones que propiciaron lo que vino a ser un primer proceso de modernización y desarrollo industrial del país —sin duda insuficiente y con graves carencias y ocasionales crisis coyunturales y sectoriales—, que tuvo sus principales centros en Cataluña, Gipuzkoa, Bizkaia y Asturias, y en sectores como la banca, los ferrocarriles, la minería (y pronto la industria de electrificación), y que se prolongó hasta finales de la década de 1920. La exportación de mineral de hierro, por ejemplo, permitió la rapidísima industrialización de Bizkaia, centro desde la década de 1880 de la industria siderometalúrgica, del capital bancario, de la marina mercante y de la industria naval españolas. El puerto de Bilbao se transformó en el primer puerto del país y en uno de los principales puertos industriales de Europa. El capital vasco, representado sobre todo por los bancos de Bilbao y Bizkaia, iba a ser esencial en el proceso de electrificación español que se inició ya desde 1900. La España del último tercio del siglo xix seguía siendo una España mayoritariamente rural. El atraso respecto a la Europa más desarrollada no había desaparecido. Los salarios eran, por lo general, muy insuficientes; el empleo, irregular y precario; las condiciones de trabajo, muy duras; y el nivel de vida de las clases obreras y populares (vivienda, dieta alimenticia, esperanza de vida, atención sanitaria, educación), crítico. Pero la transformación experimentada desde 1876 fue apreciable (y en Bizkaia y Gipuzkoa, excepcional: significó la irrupción del País Vasco como gran enclave económico en la historia de España). En 1900, un 32 por 100 de la población total del país (18,6 millones) vivía en centros de más de 10.000 habitantes. Madrid y Barcelona superaban el medio millón. En 1900, Madrid era ante todo una ciudad comercial y bancaria. El Ensanche central de Barcelona, expresión del gran dinamismo económico y cultural de la ciudad, constituía en dicho año uno de los grandes conjuntos de la arquitectura modernista europea. Bilbao se engrandeció desde de 1876 con la construcción de un magnífico Ensanche de calles amplias y bien trazadas, plazas y zonas ajardinadas y edificios excelentes, en torno a un eje principal (Gran Vía), centro de la intensa actividad bancaria y comercial de la villa. San Sebastián era desde los últimos años del siglo xix, y especialmente así desde los años de la llamada Regencia de M.ª Cristina de Habsburgo (1885-1902), viuda de Alfonso XII, el centro del veraneo elegante y aristocrático de aquella aparentemente nueva España. Cánovas, a quien gustaba especialmente el paisaje vasco, veraneó regularmente en Gipuzkoa; precisamente, fue asesinado el 8 de agosto de 1897 por el anarquista italiano Michele Angiolillo cuando descansaba en el balneario termal de Santa Águeda, en Mondragón (detenido inmediatamente, Angiolillo fue conducido a la prisión de Bergara, donde fue ejecutado, tras juicio sumarísimo, el 20 de agosto).
Fue precisamente de las contradicciones entre esa transformación y las limitaciones políticas del régimen de 1876 de donde nacieron, en gran medida, los problemas del país (que se evidenciaron sobre todo ya en el siglo xx, entre 1900 y 1923). Los políticos monárquicos que gobernaron desde 1876 constituyeron sencillamente una oligarquía liberal. Conservadores y liberales, las dos fuerzas del régimen restaurado, pertenecían al mismo grupo social: a la alta burguesía del dinero y del prestigio —a la que el propio Cánovas accedió pronto a través de la política, y de su matrimonio primero, en 1860, con Concepción Espinosa de los Monteros, hija del barón del Solar de Espinosa, y luego, en 1887, con Joaquina de Osma, hija de los marqueses de la Puente y Sotomayor—, y a las clases medias profesionales y acomodadas. El sistema de Cánovas no admitía una oposición verdadera (el mismo Partido Liberal, que nació con esa vocación, fue la oposición «domesticada» que el juego político exigía). Los partidos fueron simples partidos de notables, combinaciones de parlamentarios. El caciquismo era la pieza central del sistema. Mediante acuerdos con los notables locales y apelando a prácticas fraudulentas, a la compra de votos y a la falsificación de censos y resultados, los gobiernos «fabricaban» las elecciones y conseguían las mayorías parlamentarias que necesitaban. El caciquismo fue un hecho «natural» en un país donde el Estado seguía siendo pequeño y débil, donde los notables locales usurpaban sus funciones, y donde la desmovilización política era aún amplia y el clientelismo tenía profundas raíces. El caciquismo garantizó la estabilidad del sistema. Pero era una realidad artificial y frágil que, a largo plazo, dejó al sistema sin más apoyo que aquella oligarquía de notables (causa última del fracaso del régimen canovista, ya en 1923).
La derrota de España en la Guerra de 1898 contra Estados Unidos reveló las limitaciones del régimen de 1876. Enfrentada desde 1895 y 1896, con Cánovas al frente del gobierno, a insurrecciones en Cuba y Filipinas, España tuvo que enviar a ultramar un ejército de más de 300.000 hombres. Ciertamente, en 1897 pareció tener la situación —ambas situaciones: Cuba, Filipinas— bajo control. Pero la intervención en Cuba y la durísima política desencadenada allí contra la insurrección —división de la isla mediante alambradas y trochas y concentración de la población rural en campamentos militares—desprestigiaron la acción española, irritaron a la opinión pública internacional y precipitaron la intervención norteamericana. España llegó a conceder la autonomía a Cuba y Puerto Rico. Pero lo hizo, al menos en el caso cubano, ya tarde: en octubre de 1897 (gobierno Sagasta, gobierno liberal que reemplazó al último gobierno Cánovas, tras el asesinato de este). Asesinado Cánovas en agosto de 1897, el estallido, el 15 de febrero de 1898, en el puerto de La Habana, del crucero norteamericano Maine precipitó la guerra con Estados Unidos. La marina norteamericana destruyó primero (1 de mayo de 1898) la flota española del Pacífico; luego (3 de julio, en Santiago de Cuba), el grueso de la escuadra española. España perdió en la guerra en torno a 80.000-100.000 hombres; por la paz de París (10 de diciembre de 1898) abandonó Cuba y cedió Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos.
España, una modesta nación, superó bien, con todo, la crisis del 98: la Monarquía no fue cuestionada; la derrota no provocó cambios políticos sustanciales. Pero el 98 tuvo consecuencias de extraordinario alcance. Provocó una profunda crisis de la conciencia nacional, una intensa reflexión intelectual y literaria sobre España y su realidad histórica, que se asoció con la obra de la generación del 98 (Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu, Valle-Inclán, Machado, el pintor Zuloaga…) y sus «epígonos (Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón, Azaña…); generó exigencias de cambios y regeneración, la palabra entonces en boga (regeneración asociada a su principal teorizador, Joaquín Costa); coincidió con la irrupción en la política nacional de los nacionalismos catalán y vasco, que habían aparecido en años anteriores, con carácter ciertamente minoritario en el caso vasco, pero con creciente importancia en el caso catalán (cuatro diputados en 1901; cuarenta y un diputados en 1907).
Cánovas apareció ahora retrospectivamente como responsable de la crisis y del retraimiento internacional de España. Al joven Ortega y Gasset, por ejemplo, la Restauración le parecía «un panorama de fantasmas» y Cánovas «el gran empresario de la fantasmagoría» (según dijo en su resonante conferencia en el Teatro de la Comedia de Madrid, «Vieja y nueva política», de 23 de marzo de 1914). Era, por lo dicho anteriormente, parcialmente injusto. El gran problema del siglo xix había sido, sin duda, la construcción de España como un Estado nacional: pese a la derrota del 98, el Estado de la Restauración, obra —hay que reiterar— de Cánovas, era un Estado mucho mejor vertebrado que lo que había sido el Estado español a todo lo largo del siglo xix (un Estado, como ya se ha apuntado antes, pequeño, pobre y débil). Los problemas, evidentemente, dejaban de estar resueltos. España entró en 1900 con tres grandes desafíos: un problema de democracia, la cuestión de su atraso económico y el problema de la articulación territorial del Estado (circunscrito entre 1900 y 1936-1939 ante todo a Cataluña y País Vasco).
Obras
Obras Completas, Madrid: Fundación Cánovas del Castillo, 1997, 13 vols.
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