Trayectoria
La Segunda Guerra Carlista concluyó en el País Vasco de forma traumática, debido a la aprobación de la Ley de 21 de julio de 1876, que extendía a las provincias exentas el servicio militar obligatorio y el sistema tributario general. En realidad, no era una ley abolitoria de los Fueros, aunque finalmente terminó desembocando en su desaparición. De hecho, las diputaciones forales, en manos de fueristas intransigentes, pronto la tildaron de ley de abolición, denominación que posteriormente pervivió gracias, en gran medida, al nacionalismo. Los dirigentes guipuzcoanos, al igual que los vizcaínos o alaveses, se opusieron a ella, de forma que el acuerdo entre las partes no fue posible. Tal es así que, en semejante contexto, fue promulgado el Real Decreto de 13 de noviembre de 1877, el cual señalaba el cupo de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería que durante el año económico 1877-1878 habrían de pagar las Provincias Vascongadas a la Hacienda estatal y la manera de su exacción. Dicho decreto no hizo sino enardecer aún más los ánimos y enconar sobremanera las posturas, al punto que finalmente las diputaciones forales fueron suprimidas y sustituidas por unas juntas de jueces mientras se organizaban de real decreto las nuevas diputaciones provinciales.
Semejante sustitución en los poderes locales desatascó las negociaciones, fruto de las cuales fue el Real Decreto de 28 de febrero de 1878, en virtud del cual se inauguraba el régimen de Concierto Económico, estableciéndose la forma en que se haría efectiva la obligación de contribuir económicamente a las arcas del Estado. En verdad, el acuerdo era por ocho años y con un cupo a pagar para cada provincia, siendo cada diputación la que se responsabilizaba de la recaudación establecida. Concluido ese periodo, la idea era que Hacienda incorporase plenamente a su control a las tres provincias, algo que no sucedió. Esto les permitió seguir manteniendo una cierta autonomía fiscal, que, con el tiempo, se convirtió en un instrumento básico de gestión y de desarrollo económico. Tal es así que, concebido el Concierto inicialmente como una migaja o «fuerito», no tardaría en ser visto como uno de los derechos históricos del País Vasco. De hecho, ese papel cada vez más importante otorgado al Concierto Económico es lo que movió a las autoridades vascas a promover su renovación en sucesivas fechas hasta su supresión en 1937, cuando las autoridades franquistas lo eliminaron, para los casos de Gipuzkoa y Bizkaia, por considerarlas provincias traidoras a su causa.
El nuevo sistema de Concierto Económico facilitó un régimen fiscal privativo a las Provincias Vascas, lo que supuso, al fin y al cabo, un incentivo para la radicación de empresas. Es decir, el Concierto Económico facilitó un marco institucional favorable a los intereses de los emprendedores. Así, la nueva burguesía hegemónica utilizó esa autonomía fiscal para implantar un sistema impositivo favorable a sus intereses y actividades, de suerte que una de sus características más llamativas fue la baja presión contributiva sobre la industria y el comercio. Tal es así que esta presión era inferior a la existente en el resto de España, ya de por sí baja. Esto suponía un ahorro de costes para las empresas y un instrumento válido para la atracción de capital. Es decir, el Concierto no solo facilitó la inversión de capital local, sino también la llegada de inversión directa exterior. Y aún más. Una fiscalidad inferior permitía una mayor acumulación de capital y, por consiguiente, una mayor capacidad de inversión, que, a su vez, volvía a beneficiarse de las ventajas del Concierto. En definitiva, los impuestos indirectos siguieron siendo los predominantes.
Gracias, por tanto, a esta autonomía fiscal, las diputaciones provinciales ampliaron sus competencias administrativas, al tiempo que se convirtieron en escenario de luchas de partido de calado. En efecto, las distintas fuerzas políticas pronto vieron las ventajas de controlar la institución, de suerte que las elecciones fueron muy disputadas. Debido a las atribuciones con que contaban los órganos provinciales, por mor del sistema de Concierto Económico, estos se convirtieron en un instrumento idóneo para impulsar el desarrollo económico de la provincia, bien practicando una política fiscal determinada, como ya se ha señalado, bien impulsando ciertas infraestructuras que habrían de beneficiar a la propia economía provincial.
Esta pugna estuvo marcada en un principio por la confrontación entre el carlismo y el liberalismo, como las dos grandes fuerzas políticas que venían dominando la escena política guipuzcoana desde mediados de siglo. Conforme al Real Decreto de 4 de noviembre de 1879, se levantó el estado de guerra en que se hallaban las Provincias Vascas desde la conclusión de la contienda, restableciéndose las garantías constitucionales. De esta forma, el decreto establecía que las diputaciones vascas se renovaran de acuerdo con la ley provincial de 1877 cuando tuviese lugar la primera renovación de las demás del reino. Algo que no sucedió hasta 1880. En realidad, la conflagración no había variado la correlación de fuerzas entre las diversas ideologías existentes en la provincia, de manera que la división política siguió siendo muy similar a la que había antes del conflicto. En efecto, de un total de 20 diputados, 11 fueron elegidos de las filas liberales y nueve de las carlistas. La mayoría de los primeros era, pues, muy frágil y lo siguió siendo en los años venideros. En 1882 se renovó totalmente la Diputación, fijándose como demarcaciones electorales los correspondientes a los cuatro partidos judiciales ya existentes y eligiendo a cuatro diputados por cada distrito. Según El Urumea del 19 de diciembre, ambas fuerzas lograron ocho escaños cada una. Así, en 1884, el sistema electoral de renovaciones parciales hizo que los carlistas se hicieran con la mayoría en la Diputación, gracias, precisamente, a las votaciones en dos distritos del interior, Tolosa y Bergara. La presidencia recayó entonces en Ramón Zavala Salazar, un notable propietario que había formado parte de la Diputación carlista de 1875. A los dos años tocaba renovar los cargos de los distritos de Azpeitia y San Sebastián, donde los carlistas y liberales obtuvieron cuatro y tres puestos, respectivamente. Los carlistas tenían entonces 11 diputados de 16, siendo nombrado nuevo presidente otro destacado carlista, José María Unceta. El carlismo, en definitiva, seguía manteniendo una amplia penetración social pese a la derrota militar, lo que hizo reaccionar al liberalismo con determinación.
Con ocasión de los nuevos comicios provinciales de 1888, el Gobierno creó un nuevo distrito electoral, el de Irun, dividiéndolo del de San Sebastián. Se unía así a las otras cuatro circunscripciones electorales existentes. El objetivo era tratar de socavar el poder que tenían los carlistas y favorecer el acceso a la presidencia de las fuerzas liberales, para lo cual fue necesaria su reorganización. Con tal fin, dinásticos y republicanos constituyeron una coalición liberal (a la que simplemente denominaron Partido Liberal), una suma de notables unida por el común interés de erigirse en el sector dominante y por monopolizar el proceso político empleando los distintos resortes a su alcance, incluyendo diferentes formas de corrupción conocidas y practicadas en toda España. La estrategia, en cualquier caso, funcionó y la coalición liberal se convirtió en un instrumento eficaz, obteniendo unos resultados electorales que les permitió hacerse con el poder político de la provincia durante varios años. Dentro de las filas carlistas, en 1888 se produjo, además, la escisión de los integristas, lo que inicialmente les pudo perjudicar.
En 1888 la coalición estuvo formada por sectores liberales y republicanos de todo signo, aunque no tardaron en producirse algunos desgajamientos, fruto, precisamente, del tipo de partidos de la época. Primero fue el Partido Liberal Reformista, fundado por Romero Robledo como escisión del Partido Conservador liderado por Cánovas. Después los republicanos seguidores de Ruiz Zorrilla, quienes se alejaron de la coalición por diferencias de criterios políticos e ideológicos. Con todo, mayor trascendencia tuvo el abandono de un nutrido grupo de conservadores. En realidad, desde el principio el Partido Conservador había jugado un papel secundario dentro de la coalición, pero el detonante de esta defección fue que la alianza no aceptase las orientaciones del ejecutivo de Cánovas para que hiciera suyas las candidaturas conservadoras para las elecciones legislativas de 1891 de los distritos de San Sebastián y Bergara, ofreciendo a cambio su neutralidad en los comicios provinciales que habrían de celebrarse a finales de 1890. Con estas deserciones, la coalición quedó limitada a los liberales fusionistas y a los republicanos moderados, participando también algún liberal conservador independiente. Entre los grandes impulsores de la alianza figuraban Fermín Calbetón, Benito Jamar y, sobre todo, José Machimbarrena.
La coalición liberal, en resumen, aparte de haber sido una herramienta eficaz para ganar las votaciones al carlismo, se caracterizó, más allá de los nombres, por ser la confluencia de personalidades de diversas localidades que sobresalían por el poder social que concentraban. Un poder social que adquiere una mayor relevancia si consideramos el proceso de modernización económica que en esos momentos estaba experimentando Gipuzkoa. A la postre, se podría decir que la coalición era una creación de esa nueva burguesía que la industrialización estaba modelando y consolidando como clase económicamente hegemónica. Por eso, los impulsores de esta alianza eran tanto miembros de las familias que desde hacía tiempo habían formado parte del grupo rector de la provincia y que ahora estaban integradas en el proceso industrializador, como nuevos industriales, comerciantes o profesionales liberales que se identificaban con los nuevos valores de esa nueva sociedad que estaba aflorando. Aspiraban, pues, a que se produjera una correspondencia entre sus funciones económicas y su presencia en la vida política.
De esta forma, en la coalición liberal encontramos propietarios-industriales como Víctor Samaniego; comerciantes-industriales como los Machimbarrena, Benito Jamar o Gregorio Manterola; financieros-industriales como los Brunet; industriales como Ruiz de Arcaute, Goitia o los Orbea; y hombres de negocios como Usabiaga. Ahora bien, esta burguesía industrial y financiera constituía una fracción dentro de ese grupo hegemónico. La limitación del mercado nacional y las propias características de la industrialización guipuzcoana eran factores determinantes para impedir que ocuparan una posición más preeminente dentro de ese grupo. Hasta tal punto esto fue así que otros sectores sociales, como los propietarios de tierra, por ejemplo, continuaron ejerciendo un importante influjo dentro de la provincia.
En esta pugna dentro del liberalismo hay que decir que tanto los liberales como los republicanos acusaban a Cánovas de la abolición de los Fueros, lo que fue envenenando cada vez más la relación entre unos y otros. Así, la llegada al gobierno de Sagasta, en diciembre de 1892, abrió nuevas expectativas en el liberalismo vasco sobre la posibilidad del restablecimiento de los Fueros, algo que no llegó a producirse, tensando más la situación. De hecho, esta frustración estalló en la noche del 27 de agosto de 1893, tras una manifestación a favor de los Fueros celebrada en San Sebastián, coincidiendo con una estancia en la ciudad del jefe del ejecutivo. El director de la banda municipal se negó a interpretar el «Gernikako Arbola», alegando que, según había ordenado el alcalde, no se debía tocar ninguna pieza que no estuviese en el programa. Esto caldeó los ánimos e hizo que una multitud se dirigiese al Hotel de Londres, donde se alojaba Sagasta, y empezara a apedrearlo, amagando con saltar la verja. Finalmente tuvo que intervenir la guardia civil, con el trágico balance de tres muertos y numerosos heridos. Desde el punto de vista político, la coalición quedó entonces disuelta, suponiendo un distanciamiento entre liberales y republicanos. Fue entonces el momento de los conservadores (agrupados en Unión Vascongada), quienes, aliados con otras fuerzas, especialmente los integristas, se hicieron con el Ayuntamiento de San Sebastián y lograron, estando los conservadores en el Gobierno, un diputado nacional por ese mismo distrito. A la postre, la Unión Vascongada consiguió un fuerte protagonismo durante los años en los que la coalición liberal desapareció.
En realidad, semejante ruptura solo beneficiaba al carlismo, que, como ya se ha dicho, seguía manteniendo un fuerte peso en buena parte de la provincia. De suerte que, si querían seguir manteniendo su influencia, no tenían más remedio que entenderse. En las elecciones generales de 1896 algunos liberales y republicanos se presentaron de nuevo de forma conjunta en el distrito de San Sebastián, aunque ambas fuerzas no volvieron a reeditar la coalición públicamente hasta los comicios de 1898. A partir de ese momento la alianza liberal-republicana logró hacerse con el dominio de la Diputación. Con todo, esta situación no duró mucho, pues a finales de 1904 empezó a vislumbrase nuevamente la disolución de la coalición, como consecuencia del nacimiento de la Liga Foral Autonomista, forjada en el contexto de la renovación del Concierto Económico. A la postre, la Liga forzó una reacomodación en las relaciones entre los grupos y, ante su impulso, la alianza liberal-republicana terminó por deshacerse. Fue tal el empuje de este movimiento que algunos coalicionistas se integraron y otros no, quedando estos últimos marginados de las instituciones. De hecho, la Liga aglutinó a integristas, a algunos liberales y conservadores y a ciertos republicanos, en tanto que los carlistas, que inicialmente participaron en ella, terminaron por abandonarla.
Firmado el Concierto Económico, la Liga Foral Autonomista desapareció, de forma que en las elecciones provinciales de 1907 se volvió a reeditar la coalición. El problema radicó en que la fórmula estaba ya gastada, produciéndose una sonada derrota, más sentida aún al evidenciarse en distritos que normalmente les eran favorables. La prepotencia que en muchas ocasiones habían ejercido durante estos años y el hecho de que los resortes de la provincia hubiesen estado en unas pocas manos les habían granjeado muchos enemigos. De ahí que los resultados de 1907 hubiesen puesto a la alianza al borde del abismo, al punto de quedar constituido entonces el Partido Liberal Dinástico. Con todo, presentaron candidaturas unitarias en las municipales de 1909. Incluso, todavía, se presentaron en coalición a las generales de 1910, pero los conflictos que se produjeron, derivados de la renuencia de los liberales a votar por un candidato republicano, pusieron de manifiesto que el pacto entre liberales y republicanos estaba ya agotado. La derrota del candidato republicano y la acusación a los liberales de no haber mantenido su promesa de voto dieron al traste con la alianza. En este punto también debemos señalar que parte de la ruptura y desconfianza entre liberales y republicanos se produjo por la caída del gobierno de Segismundo Moret en febrero de ese año y su sustitución por José Canalejas, algo que desagradó profundamente a los republicanos. A este respecto, no olvidemos que Moret había procurado atraerse a los republicanos moderados con la promesa de reformular algunos artículos de la Constitución para introducir la libertad de cultos y democratizar el Senado.
Esta ruptura vino a precipitar la nueva dinámica de fuerzas que se estaba implantando en la provincia desde hacía unos años. De hecho, se pasó de una línea de fractura marcada por el liberalismo frente al carlismo a otra determinada por el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda. En semejante bipolaridad la religión llegó a jugar un papel determinante. En este nuevo bloque de derechas participarán carlistas, integristas y conservadores, sumándose, además, nacionalistas y, posteriormente, liberales. El punto de unión de este bloque giró en torno a la defensa del catolicismo y su oposición a cualquier ataque contra la religión. En este sentido, la presentación al consejo de ministros de un proyecto de ley de Asociaciones en el seno de un gobierno presidido por el liberal López Domínguez a finales de 1906 supuso una visualización evidente de ambos bloques. En efecto, el acto de protesta en su contra, auspiciado por carlistas, integristas, católicos independientes como Picavea, conservadores como Satrústegui y nacionalistas, fue respondido con una manifestación organizada por liberales, republicanos y socialistas. La nueva división del panorama político guipuzcoano estaba, pues, en marcha.
En el sector de las derechas, de los tres partidos participantes fueron los tradicionalistas (carlista e integrista) los más beneficiados. Eran quienes tenían más implantación social en la provincia y fueron quienes se hicieron con el poder en la diputación. Entre los conservadores, por su parte, hubo quienes se sumaron inmediatamente al bloque católico, pero hubo también quien se alineó con la coalición liberal-republicana en los comicios de 1907. Sin duda, el ya mencionado fracaso de esta alianza supuso un auténtico espaldarazo para las fuerzas de derecha. Y aquí es importante señalar que tanto los tradicionalistas como los nacionalistas contribuyeron asimismo a la modernización de Gipuzkoa, participando de ella. En absoluto eran partidos anacrónicos y en modo alguno rechazaron la modernización, sino que se sumaron a ella. En este sentido, no debemos olvidar que entre los carlistas e integristas encontramos un nutrido número de empresarios en general y de industriales en particular. Por lo que, en este punto, existía un denominador común con los liberales y republicanos.
La fractura originada entre estos últimos en 1910 por la salida de Moret hizo que los liberales no tuviesen más opción que un pacto con los conservadores, aun a sabiendas de las alianzas que estos mantenían con los partidos tradicionalistas. En una política de bloques y con las relaciones tan deterioradas con los republicanos, los liberales terminaron por aceptar, posiblemente de forma un tanto vergonzante, la nueva realidad. Con lo cual el camino hacia la izquierda quedaba despejado para los republicanos, quienes no tardarían en entenderse con los socialistas. De forma que Gipuzkoa aparece, desde comienzos de los años diez del siglo xx, como una provincia políticamente muy fragmentada, con una tendencia hacia los extremos y en donde los tradicionalistas lograron imponer su predominio.
Ahora bien, avanzando esa década pronto se hará sentir una nueva demanda. En 1917 la burguesía catalana, temerosa de que estallase una revolución social a consecuencia de la subida de los precios en el contexto bélico de la Primera Guerra Mundial, trató de promover un cambio que procurase la continuidad del sistema y al mismo tiempo permitiese lograr la autonomía para Cataluña. A raíz de la protesta contra la implantación del impuesto sobre los beneficios extraordinarios que proponía el ejecutivo de Santiago Alba, el 15 de abril de ese año, Francesc Cambó, dirigente de la Lliga Regionalista, dio una conferencia en el Teatro Bellas Artes de San Sebastián, la cual tuvo una gran repercusión. No en vano desencadenó un movimiento que culminó con la demanda de autonomía por parte de las diputaciones vascas el 16 de julio en Vitoria. Esta declaración, denominada Mensaje de las Diputaciones, contó inicialmente con el apoyo de varios ayuntamientos de la provincia; entre ellos, los de San Sebastián y Tolosa. Ahora bien, unos días más tarde, el 27, una asamblea de municipios guipuzcoanos decidió por unanimidad secundar la demanda de las diputaciones y que aquella fuese presentada al Gobierno. Algo que no tuvo lugar hasta diciembre, dadas las sucesivas crisis de Gobierno que se produjeron en esos meses, en el marco, además, de un contexto social muy difícil.
En efecto, hay que mencionar la fuerte conflictividad vivida en agosto de 1917, la cual dejó en un segundo plano la cuestión autonómica. La huelga general, prevista para el 13 de agosto (día de comienzo de la Semana Grande donostiarra), estuvo precedida por algunos conflictos laborales en la propia capital, Pasaia y Beasain. Le siguió una huelga de panaderos a principios de agosto, en plena temporada turística, y la amenaza de los tranviarios de ir a la huelga. Por su parte, la huelga general del 13 de agosto tuvo escasa incidencia en San Sebastián, al haberse decretado el estado de guerra por parte del gobernador militar, Martínez Anido. La huelga tuvo más incidencia en localidades como Beasain, donde se produjeron incidentes, y en Eibar, donde el paro fue total. Aquí los incidentes se prolongaron hasta el 17, día en que fueron detenidos el concejal socialista Cástor Torre y el exconcejal Arancegui. Otros dirigentes guipuzcoanos socialistas, como Guillermo Torrijos, lograron cruzar la frontera o ausentarse durante algún tiempo, caso de Toribio Echevarría.
La década de los veinte comenzó también con un aumento de la conflictividad, cuyo punto culminante se dio en mayo de 1920. A esta enrarecida situación social hubo que sumar una crisis económica que, en 1921, afectaba a dos de los sectores más importantes de la estructura económica de la provincia, a saber: el papelero y el metalúrgico. Ese mismo año se produjeron también algunos atentados que fueron atribuidos a los anarquistas, contribuyendo a crispar aún más la situación. Una crispación que no hizo sino incrementarse con el desastre de Annual, cuyas primeras noticias llegaron a finales de junio. El gobernador civil optó por la censura previa, lo que fue contestado con indignación por parte de la prensa donostiarra. Además, en este tenso contexto hay que situar igualmente la renovación del Concierto Económico y una renovada reivindicación de la autonomía, que se concretó, en marzo de 1923, en la constitución de un órgano político denominado Acción Fuerista, que emulaba a la ya mencionada Liga Foral Autonomista de 1904. Ahora, el manifiesto de Acción Fuerista estaba firmado por liberales, republicanos y personas de renombre de la política guipuzcoana, como Rafael Picavea o Luis Gaytán de Ayala.
El verano de 1923 fue mucho más tranquilo. La crisis económica se había superado en prácticamente todos los sectores, salvo en el armero, y la conflictividad social había amainado sensiblemente. Por el contrario, habían aflorado a la escena política fuerzas de izquierda radicales, como los comunistas o los anarquistas, cuyas posturas contrastaban con la más moderada de los socialistas. El reto, en cualquier caso, era la unión de todos los partidos en defensa del Concierto Económico, aunque todo quedó en suspenso por las estremecedoras noticias que llegaban de Marruecos, los atentados (como el que terminó con la vida del arzobispo de Zaragoza) y la crisis de gobierno. El colapso fue de tal calibre que el 13 de septiembre el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, daba un golpe de Estado que ponía punto final al sistema político de la Restauración. Contando, eso sí, con la anuencia del rey Alfonso XIII, quien le encargó formar un nuevo ejecutivo.
Enseguida Primo de Rivera puso en marcha una serie de medidas encaminadas a destruir la vida política, tratando de buscar la regeneración de España. En su opinión, los políticos de la Restauración lo único que habían hecho era dejar el país en un estado de postración tal que no se correspondía con su importancia histórica. Había, por tanto, que prescindir de ellos, buscando el apoyo para esta tarea en los militares, primero, y en la Unión Patriótica, después, un partido concebido, principalmente, para el reclutamiento de cuadros del régimen. Así, por lo que a los ayuntamientos se refiere, las sucesivas oleadas de destituciones, que comenzaron con el Real Decreto de 30 de septiembre de 1923, se prolongaron hasta la aprobación del Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924. En la práctica, los concejales pasaron a ser elegidos por los gobernadores civiles, imponiendo el ejecutivo una política sumisa y centralizadora.
Por lo que a las diputaciones se refiere, según Real Decreto de 12 de enero de 1924, estas quedaban disueltas, siendo los gobernadores civiles quienes «designarán tantos diputados provinciales interinos como en propiedad deba tener cada diputación». Con la excepción de las de Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, posiblemente por la presión que estas debieron ejercer sobre el Gobierno. En esos momentos pareció que la situación política podía ser favorable al regionalismo o, por lo menos, a una cierta descentralización. En este sentido, al poco de tomar el poder Primo de Rivera, se barajó la posibilidad de elaborar un proyecto que suprimiera las antiguas provincias y su sustitución por regiones, menos numerosas y más fuertes. En este contexto, se reunieron en San Sebastián, el 24 de septiembre de 1923, los presidentes de las cuatro diputaciones acordando mantener sus regímenes especiales y resolviendo que acudieran por separado a entrevistarse con el general. Este encargó al día siguiente a los presidentes de las diputaciones vascas la presentación de un proyecto de estatuto. Se acordó entonces que cada diputación redactase un proyecto para, posteriormente, reunirse y consensuar un texto. La que más se esforzó en este cometido fue, sin duda, la Diputación de Gipuzkoa, que tras varios meses de trabajo aprobó el 29 de diciembre de ese mismo año un Proyecto de Memoria al Directorio Militar, redactado por el diputado integrista Ignacio Pérez Arregui, con la colaboración del presidente de la institución, el jaimista Julián Elorza, y el maurista César Balmaseda.
Este proyecto preveía la reintegración foral y el establecimiento de un Consejo Regional como órgano supremo del País Vasco, al tiempo que solicitaba la incorporación de Navarra al nuevo ente administrativo. La Diputación de Álava avaló el texto, pero no la Diputación de Bizkaia, dominada por la conservadora Liga de Acción Monárquica, generándose tal polémica que la propuesta fue finalmente abandonada.
A primeros de octubre de 1924 Primo de Rivera manifestó que su intención no era vulnerar el régimen foral paccionado de las Provincias Vascas y Navarra, dejando muy a las claras que la política de reorganización regional auspiciada por el gobierno se encaminaba hacia una reforma simplemente administrativa, sin mermar en absoluto la soberanía del Estado. Quizá por ello en la proposición suscrita por varios diputados guipuzcoanos en la sesión del 31 de octubre se hacía hincapié en la necesidad de modificar el contenido del Proyecto de Memoria al Directorio Militar, señalando que ya no hacía falta insistir en la idea de una Región Vascongada y unas subregiones independientes dentro de ella. Bastaba con reivindicar, eso sí, la reintegración foral y, sobre todo, de las juntas forales, incluso para el régimen de ese momento. En verdad, el ejecutivo solo transigió en la renovación de los Conciertos Económicos en 1925 con las tres diputaciones. Las cuales, no obstante, terminaron por ser disueltas en 1926. Así, en la sesión extraordinaria de la Diputación de Gipuzkoa de 14 de agosto, el secretario de la Corporación leyó una comunicación del gobernador civil, Enrique Chacón, en la que manifestaba que, haciendo uso de sus facultades, había decidido el cese de los diputados provinciales cuyo mandato legal estaba extinguido, ya que procedían de la elección de junio de 1921. En su lugar, nombraba nuevos diputados provinciales, pero, en respuesta a este cese, también dimitió el resto de diputados que venían de la última Corporación anterior a la Dictadura. Chacón hizo entonces nuevos nombramientos, ascendiendo al poder una nueva clase política.
En realidad, la Dictadura encontró poco apoyo en Gipuzkoa, donde el partido creado por el régimen, la Unión Patriótica, apenas logró contar con unos 10.000 afiliados. Es más, en la vecina Bizkaia, la mencionada Liga de Acción Monárquica también se opuso a su integración en esa formación. Con todo, el clima de calma social y la superación de la crisis económica posbélica hicieron que los primeros años de la Dictadura se caracterizaran por una situación económica favorable, en buena medida debido a una alta intervención estatal y a un amplio proteccionismo, sin obviar, además, unas grandes inversiones y unos presupuestos expansivos. A ello hubo que añadir, en el caso guipuzcoano, la ya mencionada renovación del Concierto Económico en 1925 y las obras de mejora en el puerto de Pasaia. Pero, pese a las reformas económicas y la paz social imperante, lo cierto es que el general Primo de Rivera fue perdiendo apoyos progresivamente, hasta tal punto que el propio monarca lo abandonó, lo que forzó su dimisión el 28 de enero de 1930. Paradójicamente, la Dictadura supondría el fin de esa Monarquía que había pretendido salvar.
De la terna presentada por Primo de Rivera para formar gobierno, Alfonso XIII decidió elegir al jefe de su Casa Militar, el general Dámaso Berenguer, quien, según manifiesto público del 18 de febrero, señalaba como primer objetivo el restablecimiento constitucional, comprometiéndose a respetar la expresión de la soberanía popular. La declaración, sin embargo, quedó pronto en buenas intenciones, no correspondiéndose con la realidad, ya que una de las primeras medidas llevadas a cabo por el nuevo ejecutivo fue la prohibición de actos y manifestaciones políticas. A la altura del verano, su crédito estaba ya prácticamente agotado. Es más, en esos momentos la repulsa a la Monarquía iba en aumento. Y como prueba más palpable tenemos el llamado Pacto de San Sebastián del 17 de agosto. En efecto, en la capital guipuzcoana se reunieron los principales líderes de la oposición (con las ausencias del PNV y del PSOE, aunque sí estuvo Prieto a título personal) para planificar el advenimiento de la República. El anfitrión fue el republicano donostiarra Fernando Sasiain y el lugar del encuentro el Centro Republicano de la calle Garibay. Aquí se acordó la creación de un comité revolucionario encargado de preparar una huelga general que tendría por objeto el acabar con la Monarquía. El movimiento revolucionario se dio en diciembre, aunque la sublevación de Jaca y los acontecimientos de Cuatro Vientos fueron un fracaso. Incluso, los miembros del comité revolucionaron o fueron detenidos o tuvieron que huir.
En San Sebastián dicho movimiento revolucionario se materializó en un intento de asalto del Gobierno civil, situado entonces en frente del Hotel María Cristina. La acción fue obra de un grupo de iruneses, entre los que se encontraba el futuro gobernador de la provincia, Antonio Ortega Gutiérrez, y desembocó en un tiroteo en la Plaza Gipuzkoa. Las consecuencias de estos incidentes fueron la muerte de dos agentes de seguridad y la detención de los principales líderes del republicanismo guipuzcoano. La estancia en la cárcel, sin embargo, no fue prolongada, ya que el nuevo Gobierno, presidido por el almirante Juan Bautista Aznar (18 de febrero de 1931), planteó la celebración de unos comicios municipales para el 12 de abril como paso previo a unas elecciones generales a Cortes constituyentes. Con esta fórmula, Alfonso XIII quería ganar tiempo, pero el triunfo republicano en las grandes ciudades precipitó los acontecimientos, provocando la caída de la Monarquía y el advenimiento de la Segunda República y, con ella, la liberación de los presos.
La jornada electoral del 12 de abril se saldó con una alta participación, de más de un 79 %. Con vistas a estas votaciones, las opciones políticas habían ido tomando posiciones. Así, las fuerzas monárquicas constituyeron la Unión de Derechas, en la que se integraron también los tradicionalistas, en tanto que los nacionalistas decidieron concurrir por separado. Por su parte, socialistas y republicanos conformaron una coalición de izquierdas, contando también con el PCE en el cartel electoral de San Sebastián. Los monárquicos fueron quienes mayor número de concejales obtuvieron, 185 de 530, seguidos del PNV con 110. Los tradicionalistas se hicieron con 70 concejalías y la coalición de izquierdas 100. Aquí cabe señalar que el peso político de los republicanos fue ciertamente inferior al de sus responsabilidades políticas. Pues no solo se hicieron con la alcaldía de San Sebastián, con Sasiain al frente, sino también con el órgano provincial.
El 22 de abril se produjo el traspaso de poderes de la Diputación de Gipuzkoa, que en ese momento cesaba, a la Comisión Gestora nombrada, con carácter interino, por el gobernador civil (sin pasar por las urnas, por tanto) para hacerse cargo de la administración provincial según lo dispuesto por el Gobierno Provisional de la República por decreto del día anterior. Para este, la diputación anterior debía ser depuesta porque tenía un vicio de nombramiento, al haber surgido en el seno de la Dictadura. De ahí que el ejecutivo pensara que la diputación debía quedar, siquiera de forma interina, en manos de quienes habían contribuido a traer la República. La Comisión Gestora quedó integrada por cinco miembros (republicanos y socialistas exclusivamente), un número francamente pequeño, tal como lo advirtió uno de los comisionados, Juan de los Toyos. Es por ello que, el 22 de mayo, Ramón María Aldasoro, gobernador civil, conforme a un Decreto del 14 de ese mes, anunciara la ampliación en otros cinco comisionados, quedando fuera los nacionalistas y los tradicionalistas. El 28 de mayo fue elegido presidente de la Gestora José Trecu, que se mantuvo en el cargo hasta julio de 1932, al dimitir por incompatibilidad con otros comisionados. Fue entonces sustituido por Luis Castro Casal.
La llegada del nuevo régimen implicó un cambio político importante en Gipuzkoa. Una nueva clase política ocupó algunas de las instituciones más importantes de la provincia, como el Ayuntamiento de la capital o la Comisión Gestora, tal como se ha dicho. Pero, al mismo tiempo, surgieron problemas que dificultaron el asentamiento de este incipiente sistema democrático. De hecho, las nuevas autoridades debieron hacer frente a graves problemas desde el primer momento. Por ejemplo, la crisis económica derivada del crack de 1929 y la sucesiva depresión de la economía norteamericana. Es verdad que España no fue de los países más afectados, pero también la padeció. La desactivación de la política económica de la Dictadura, basada en el estímulo público y en la protección arancelaria, tuvo un impacto negativo en la industria vasca en general y guipuzcoana en particular. Sectores tan importantes como el siderúrgico y el papelero se vieron afectados por la crisis. Crisis que inmediatamente se tradujo en un incremento del paro obrero. Hablaríamos de unos 7.000 obreros parados en 1932, lo que suponía más del 15 % de los trabajadores de la provincia. A pesar de las medidas que se llevaron a cabo para paliar el desempleo, con el fomento de obras públicas, en mayo de 1936 la tasa de paro escalaba al 20 % de los trabajadores guipuzcoanos. En tales circunstancias no es extraño que la conflictividad laboral aumentara sensiblemente. Aquí se observa un incremento de la misma vinculada a la salida de los socialistas del Gobierno en septiembre de 1933 y a la radicalización de la UGT guipuzcoana, que incluso llegó a plantear huelgas sin el apoyo de la Comisión Ejecutiva del sindicato. La Revolución de Octubre, a la que me referiré más adelante, supuso un cambio radical en este sentido. Su fracaso se tradujo en medidas que limitaron la actuación de las organizaciones obreras, la mayor parte de las cuales vieron cómo sus locales eran clausurados y algunos de sus dirigentes encarcelados. Esto explicaría el descenso de la conflictividad en 1935. Al año siguiente, sin embargo, aquella volvería a aumentar por el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 y de la vuelta a la actividad de los sindicatos.
Otro de los grandes problemas planteados desde el nacimiento de la República fue el religioso. Las normas dictadas en los primeros meses pronto generaron indignación en amplios sectores de la población guipuzcoana. A este respecto, cabe destacar la retirada de símbolos religiosos de las escuelas, la expatriación del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, o los aspectos recogidos en la Constitución republicana aprobada en diciembre de 1931, en especial lo referido al art. 26. La Carta Magna no solo hablaba de la aconfesionalidad del Estado, sino que, en dicho artículo, se precisaba que «quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado», en clara referencia a los jesuitas. Incluso, al resto de las órdenes se les prohibía «ejercer la industria, el comercio o la enseñanza». Estas disposiciones tuvieron un fuerte impacto en la sociedad guipuzcoana, donde el catolicismo estaba muy acendrado, con tasas de religiosos por habitante y de cumplimiento de las prácticas religiosas superiores a la media española. Sin duda, el Decreto de 23 de enero de 1932 por el que se expulsaba a la Compañía de Jesús fue un duro golpe, toda vez que San Ignacio había nacido en Azpeitia y el santuario de Loiola era un centro religioso y de peregrinación de enorme importancia en la provincia. Además, se daba la realidad de que dos de los principales partidos políticos de Gipuzkoa, el PNV y Comunión Tradicionalista, se definían como católicos. No obstante, el enfrentamiento entre las políticas laicas de la Segunda República y la sociedad guipuzcoana no fue tan marcado como en otros sitios. El catolicismo predominante y las posturas sociales de un sector del clero simpatizante del nacionalismo contribuyeron a que el conflicto religioso fuese más atenuado en Gipuzkoa.
Con todo, el conflicto más importante fue el de la cuestión autonómica, pues las reivindicaciones en este sentido surgieron desde el primer momento, cuando el líder del PNV y de Acción Católica de Getxo, José Antonio Aguirre, se mostró partidario de la «autonomía municipal administrativa vasca». En Gipuzkoa, de forma casi simultánea, el alcalde de Bergara, el nacionalista Ignacio Zubizarreta, impulsó la denominada «Declaración de Bergara», en la que se reclamaba «la proclamación de la república vasca, confederada con las demás repúblicas ibéricas». La reclamación autonómica volvía a estar, pues, sobre la mesa. Hasta tal punto que el 2 de mayo de 1931 el socialista Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, declaraba en Bilbao la voluntad del Gobierno Provisional de «implantar la autonomía vascongada». Palabras ratificadas por el republicano radical-socialista Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, al día siguiente en Eibar. Abierta la espita, a partir de ese instante se pusieron en marcha dos movimientos en favor del logro de la autonomía vasca. Por un lado, el protagonizado por las Comisiones Gestoras, controladas por las izquierdas. Por otro, el auspiciado por los ayuntamientos y sus alcaldes, a instancias de los nacionalistas, que veían en ellos las únicas instituciones elegidas democráticamente y, por consiguiente, las únicas aptas para abanderar este movimiento.
El resultado de esta doble estrategia fue que el 14 de junio, poco antes de celebrarse las elecciones legislativas, se celebraron dos asambleas con el mismo fin, tratar de aprobar un texto de Estatuto de Autonomía, basándose en el proyecto de estatuto elaborado en mayo por la Sociedad de Estudios Vascos. La una se juntó en Estella y la otra en San Sebastián. A instancias de la Comisión Gestora, en la capital guipuzcoana se reunieron en el Palacio de la Diputación 16 ayuntamientos, nueve de los cuales habían enviado también representantes oficiales a Estella/Lizarra y tres figuraban en la lista de adheridos al movimiento de alcaldes. Entre los participantes, estaban algunos de los municipios más poblados: San Sebastián, Eibar o Irun, por ejemplo. En esta reunión se acordó que se crease una comisión encargada de estudiar el proyecto de la Sociedad de Estudios Vascos y presentar las posibles enmiendas.
La segunda de las asambleas se celebró en Estella a instancias del movimiento municipalista, participando la mayoría de los ayuntamientos vasco-navarros. Por ejemplo, acudieron los representantes de 63 ayuntamientos guipuzcoanos. El texto que allí se aprobó fue el de la Sociedad de Estudios Vascos con las modificaciones acordadas en la asamblea de Azpeitia del 11 de junio. Hay que recordar que esta reunión había sido convocada por la comisión guipuzcoana del movimiento de alcaldes (conformada por los regidores de Azpeitia, Bergara, Andoain y Zumaia). En este cónclave estuvieron representados 80 de los 89 municipios guipuzcoanos y en él se acordaron los aspectos más polémicos del que poco después se conocería como Estatuto de Estella. En especial, la denominada entonces «enmienda religiosa», que reservaba al futuro Estado vasco la potestad de firmar un concordato con la Santa Sede, tratando de contrarrestar, precisamente, la ofensiva anticlerical del Gobierno Provisional, tal como ya se ha mencionado. En definitiva, el texto de Estella fue aprobado por las tres cuartas partes de los ayuntamientos vasco-navarros, pero no por las cuatro capitales y los municipios más importantes.
El domingo siguiente a la celebración de ambas reuniones, el 21 de junio, las cuatro Comisiones Gestoras de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra se reunieron en San Sebastián para analizar las deliberaciones hechas por separado del texto de la Sociedad de Estudios Vascos. Cada Comisión Gestora presentó sus enmiendas, por lo que se constituyó una comisión que rápidamente unificó el texto. Texto que fue la propuesta que aquellas querían someter a la aprobación de los ayuntamientos de las respectivas provincias, después de la cual sería sometida «a la sanción definitiva de todos los del país vasco-navarro, en una magna asamblea». No obstante, habría que aguardar a los resultados de las elecciones generales a Cortes constituyentes para ver cómo llevar el proyecto estatutario a buen puerto.
La primera vuelta de las mismas se celebró el 28 de junio y el tema autonómico estuvo muy presente. Así, la Candidatura Vasca Defensora del Estatuto de Estella estuvo integrada por nacionalistas y tradicionalistas, al tiempo que los socialistas y republicanos concurrieron coaligados, con la incorporación, además, de Acción Nacionalista Vasca. Por su parte, el PCE se presentó en solitario. La CVDEE ganó los comicios con un 57 % de los sufragios y cuatro diputados, mientras que la coalición republicano-socialista se hizo con el 41 % y dos escaños. Con estos resultados, y tras un verano muy conflictivo por esta confrontación político-religiosa, el 22 de septiembre más de 400 alcaldes entregaron en Madrid el Estatuto de Estella. Tres días después fue denegado por su inconstitucionalidad, al aprobar las Cortes que España era un Estado integral, no federal, y al regular las autonomías regionales, rechazando todas las enmiendas de la minoría vasco-navarra. Además, en desacuerdo con el ya mencionado art. 26 del texto constitucional, el 15 de octubre esta minoría se retiró de las Cortes en señal de protesta, de suerte que ninguno de sus quince diputados votó la Carta Magna en diciembre.
Una vez aprobada esta, el proceso autonómico tuvo que empezar de nuevo. Solo que esta vez el itinerario estaba muy claro. Un decreto del gobierno de Azaña estipulaba los trámites que debían seguirse para la aprobación del Estatuto. El texto del proyecto debía ser elaborado por los órganos provinciales, que ya se ha dicho que estaban controlados por las izquierdas, y luego aprobado por la asamblea de ayuntamientos vasco-navarros, por la ciudadanía en referéndum y por las Cortes, que podrían modificarlo en uso de su soberanía. Las izquierdas y el PNV aceptaron esta vía, pero los carlistas no, de suerte que terminaron descolgándose.
Retomando el proceso autonómico, el primer paso fue que los ayuntamientos guipuzcoanos, en número de 78, se reunieron el 31 de enero de 1932, acordando que el Estatuto debía incluir al País Vasco y Navarra. Unos meses más tarde, hubo una nueva reunión, esta vez en Pamplona y con la asistencia de representantes de 324 municipios vasco-navarros; entre ellos, la totalidad de los guipuzcoanos. Fue aquí donde la mayoría de los ayuntamientos navarros, con fuerte implantación carlista, se desmarcó del proceso autonómico, dejando a las Provincias Vascas solas en su camino hacia el Estatuto. Este hecho tuvo consecuencias políticas inmediatas, pues, tras la asamblea de Pamplona, la coalición que había ganado las elecciones en Gipuzkoa se rompió. Los tradicionalistas, que habían visto en el Estatuto un medio para atacar a la República, perdieron interés en el mismo. Pero, pese a ello, la vía estatutaria siguió adelante. La aprobación del Estatuto de Cataluña en septiembre de 1932 y las palabras de Prieto, en la visita que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hizo a San Sebastián en ese mismo mes, allanaron el camino. Aunque el texto no fue aprobado en asamblea, celebrada en Vitoria, hasta el 6 de agosto de 1933. Según lo estipulado, el siguiente paso era la celebración de un referéndum, que tuvo lugar el 5 de noviembre, poco antes de las elecciones generales. En Bizkaia y Gipuzkoa la votación a favor del Estatuto fue tan abrumadora que cabe pensar en el uso de métodos fraudulentos. Por ejemplo, en Gipuzkoa el 89 % votó a favor. En Álava, por el contrario, la abstención fue muy elevada (41,5 %), debido, sobre todo, al peso del carlismo.
El 19 de noviembre de 1933 se celebró la primera vuelta de las segundas elecciones generales de la Segunda República, con resultados muy distintos a los de 1931, tanto en el conjunto de España como en Gipuzkoa. Las fuerzas de derecha se presentaron unidas en la coalición denominada Unión de Derechas, aunque el PNV concurrió en solitario. También las izquierdas se presentaron por separado: PSOE, Coalición Republicana y Partido Comunista, lo mismo que ANV. Esta vez el PNV logró una victoria aplastante, logrando cinco de los seis escaños, correspondiendo el sexto al candidato de las derechas Ramiro de Maeztu. Debido a la dispersión del voto, las izquierdas guipuzcoanas se quedaban sin representación en el Congreso, aunque siguieron controlando la Gestora Provincial. En efecto, esta había sido renovada en octubre, tras la caída del ejecutivo de Azaña, aunque al frente de la institución siguió Luis Castro Casal y estuvo integrada por republicanos de distinto signo y dos miembros de ANV. Esta vez los socialistas quedaron fuera del ente provincial. Si bien, la no inclusión de los nacionalistas en la Gestora generaría problemas a la larga, sobre todo en 1934.
Celebrado el referéndum del Estatuto y las votaciones, en diciembre de 1933 el texto estatutario fue presentado a las Cortes, tal como había señalado el decreto del gobierno de Azaña. Pero ahora la composición de la Cámara era muy distinta respecto de la de 1931. La mayoría de centro-derecha era menos proclive a las autonomías regionales, de manera que el texto no fue aprobado. El Estatuto vasco se estancó al plantear el diputado carlista José Luis Oriol y la CEDA la cuestión de Álava. Según su interpretación, los alaveses lo habían rechazado en el referéndum, abogando por su retirada del proceso autonómico. Es verdad que esta propuesta no salió adelante, pero frenó en seco el camino hacia la autonomía, pues las Cortes no resolvieron esta cuestión previa. Su debate parlamentario en 1934 demostró al PNV la imposibilidad de conseguir que el Estatuto se aprobase con las derechas. Esto le llevó a un viraje político importante ese mismo verano, al retirarse de las Cortes en solidaridad con los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, ante la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento catalán, con mayoría de Esquerra, con la que se pretendía solventar el problema de los «rabassaires». El PNV, además, decidió iniciar su aproximación a las izquierdas lideradas por Prieto.
No obstante, el principal problema se dio ese mismo verano, cuando se planteó el conflicto de los ayuntamientos vascos. En opinión del PNV, las Comisiones Gestoras carecían de la autoridad necesaria para defender los intereses del País Vasco, precisamente por no haber sido elegidas mediante sufragio. Esta cuestión estuvo realmente en la base de lo acontecido ese verano, cuando 140 diputados presentaron una moción para pedir la entrada en vigor del denominado Estatuto del Vino, aprobado por las Cortes en 1932 y que suponía una desgravación fiscal de los alcoholes. La medida fue denunciada por los diputados nacionalistas por entender que iba en contra de las haciendas municipales y que suponía una vulneración del Concierto Económico, algo que, por lo demás, era cierto. De hecho, fue lo que generó la ruptura entre los ayuntamientos guipuzcoanos y la Comisión Gestora. Los primeros propusieron que se eligiera a los miembros de la Comisión que se iba a encargar de la defensa del Concierto Económico, que se debía verificar el 12 de agosto, al tiempo que el Gobierno se negó a ello. En realidad, lo que se pretendía hacer eran unas elecciones provinciales encubiertas, en la que los concejales serían los electores. De esta manera el PNV podría acceder a la Comisión Gestora y revitalizar el proceso autonómico.
Pese a la oposición de las autoridades (ocupaciones por la fuerza pública de ayuntamientos y detención de concejales), 44 consistorios lograron llevar a cabo la elección. El PNV ganó con diez electos, pero la izquierda consiguió nueve (cinco republicanos, tres socialistas y uno de ANV). La respuesta del Gobierno fue cesar a los ayuntamientos guipuzcoanos, que decidieron reunirse en Zumarraga el 2 de septiembre. A esta asamblea acudieron nacionalistas vascos, Indalecio Prieto a título individual, los miembros elegidos el 12 de agosto y algunos alcaldes. La presencia de las fuerzas de seguridad, encabezadas por el gobernador civil, hizo que al final no se tomara ninguna decisión. Al contrario, el 5 de septiembre Sasiain fue relevado del Ayuntamiento de San Sebastián y sustituido por el monárquico Pedro Soraluce.
Recuperada la calma tras un estío tan conflictivo, la verdad es que esta no duró mucho, pues en octubre estalló una insurrección consecuencia de la radicalización de un sector del socialismo español opuesto a la entrada de la CEDA en el Gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Fue la ya mencionada Revolución de Octubre, que, en el caso de Gipuzkoa, tuvo varios escenarios, como, por ejemplo, Eibar o Arrasate/Mondragón, donde se produjeron los acontecimientos más graves. Los insurrectos detuvieron a Marcelino Oreja, presidente del Consejo de Administración de la Unión Cerrajera de Mondragón y diputado carlista; a Dagoberto Rezusta, diputado provincial y consejero de UCEM; y a Ricardo Azcoaga, jefe administrativo de UCEM y antiguo alcalde, siendo los dos primeros asesinados, pues el tercero consiguió huir. Ese mismo día, la llegada de tropas procedentes de Bilbao y Vitoria puso fin a la sublevación con el balance de diez víctimas mortales. Unos días más tarde, el 8, se vivió un tiroteo entre fuerzas militares y huelguistas en Pasaia, con un saldo de seis fallecidos. Para el 12 se había restablecido la normalidad y la huelga fue desactivada, aunque la represión no se hizo esperar. Esta se dirigió contra las organizaciones obreras, incluida la nacionalista Solidaridad de Obreros Vascos, que nada tenía que ver con la huelga. Las sedes fueron clausuradas y los detenidos sometidos a consejos de guerra que se prolongaron hasta enero de 1936. Con el triunfo del Frente Popular el nuevo Gobierno, sin embargo, decretó la amnistía y las condenas (algunas de muerte) no se ejecutaron.
En las elecciones generales de 16 y 23 de febrero de 1936, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de España, la confrontación en Gipuzkoa fue triangular. La izquierda se agrupó en el Frente Popular, incluyendo a ANV y al PCE, la derecha en la Coalición Contrarrevolucionaria y el PNV en solitario, tratando de ocupar el espacio del centro. Los resultados finales arrojaron cuatro diputados al PNV y dos al Frente Popular. Como sucedió en el conjunto de España, Gipuzkoa no fue ajena a la gran conflictividad política y social vivida a partir de ese momento. En el primer caso, esta estuvo protagonizada fundamentalmente por los falangistas, pocos en número, pero pródigos en incidentes. Por su parte, la vuelta a la normalidad de los sindicatos, la crisis económica y la radicalización de la sociedad se tradujeron en un incremento de la conflictividad social. Mientras, la cuestión autonómica volvió al primer plano de la política. En efecto, tras la victoria de las izquierdas en febrero, esa misma primavera se produjo un acercamiento entre el PNV y el Frente Popular, personificado por sus líderes, Aguirre y Prieto. En el candelero de esta aproximación estaba el Estatuto, que ahora sí logró una rápida discusión parlamentaria, resolviéndose enseguida la cuestión de Álava, pese a la obstrucción de las derechas. En julio, el texto, abreviado y consensuado por la Comisión de Estatutos, estaba ya listo para pasar al pleno de las Cortes. De esta forma, el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 fue aprobado por el Parlamento el 1 de octubre de 1936, ya iniciada la guerra civil. Unos días más tarde, el 7, en la Casa de Juntas de Gernika, José Antonio Aguirre juraba su cargo como lehendakari.
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