La crisis de la foralidad iniciada en 1834 culmina abruptamente con la Ley abolitoria de 21 de julio de 1876 y abre un período de reformulación de la reivindicación del autogobierno de los territorios de Vasconia.
Por un lado, está la consolidación del logro de los Conciertos y de los Convenios Económicos. Y, por otro, ante las dificultades que plantea la aspiración de la reintegración foral, puestas de manifiesto en el Mensaje de las Diputaciones al Gobierno en 1917, se produce el seguidismo de la vía catalana -sin renunciar a la bilateralidad expresada en los Derechos históricos- de confiar la obtención de la autonomía en un cambio de la estructura organizativa del Estado. Va a ser fundamental el alumbramiento de los Estatutos de Autonomía de la II República, con el problema del ámbito territorial de vigencia.
