Cargos y oficios
Político y jurista
Trayectoria
Miguel Antonio provenía de una familia acomodada. Su padre era escribano y los hermanos de su madre eran militares y clérigos de alto rango. Tuvo diez hermanos incluyendo a Tomás, quince años menor. Miguel Antonio estudió Filosofía y Leyes en Córdoba, Sevilla y Osuna. En 1797 fue abogado en la Audiencia de Sevilla. En 1803 fue nombrado alcalde mayor de la Audiencia de Oviedo. Allí se casó con María Ventura de Larrea. No tuvieron hijos.
Al producirse la invasión napoleónica, Miguel Antonio se unió a las guerrillas. En mayo de 1809 entró en Oviedo disfrazado de campesino para espiar a los franceses antes de la ofensiva española. Participó en la batalla y luego, cuando los franceses reconquistaron Oviedo, combatió en varias acciones guerrilleras. En mayo de 1810 fue escogido diputado provisional de Gipuzkoa en las Cortes de Cádiz. Sobrevivió a un naufragio y juró su cargo el 2 de enero de 1811. Como diputado, mostró considerable actividad dentro de numerosas comisiones, fue uno de los secretarios de las Cortes y presidente de turno en febrero de 2013. Durante su mandato fue abolida la Inquisición. También destacó por la defensa del general José Imaz, que era su tío materno, por rendir Badajoz en 1811, y de Bartolomé Gallardo, acusado de injurias a la Iglesia.
En 1814 cesó como diputado y cayó gravemente enfermo durante varios meses por una infección urinaria. Mientras tanto Fernando VII había restaurado el absolutismo y perseguía a los liberales. Miguel Antonio fue acusado sobre todo por su defensa de Bartolomé Gallardo, pero logró ser absuelto en agosto de 1815. Sin embargo, como las autoridades sospechaban que era masón, fue destituido de todos sus cargos y desterrado a Valladolid con media paga.
El pronunciamiento liberal de Rafael de Riego en 1820 llevó a Miguel Antonio a unirse a la junta revolucionaria que se formó en Valladolid. Fue nombrado magistrado en Madrid y luego miembro del Tribunal Supremo. Basculó del liberalismo progresista al moderado, lo que provocó su expulsión del Gran Oriente masónico. Cuando los Cien Mil Hijos de San Luis invadieron España, Miguel Antonio siguió al gobierno liberal en su retirada hacia Cádiz.
Los franceses ocuparon Cádiz y mantuvieron tropas en dicha ciudad hasta 1828. Al ponerse bajo su custodia, Miguel Antonio logró librarse de lo más duro de la represión. Ni siquiera fue encarcelado aunque le quitaron cargos y sueldo. En enero de 1827 logró ser rehabilitado parcialmente y recibir un cuarto de su sueldo. En 1829 falleció su esposa e intentó regresar a Madrid, pero tan solo se lo permitieron durante un mes.
La muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833 le permitió regresar a la política activa. En noviembre de 1833 fue nombrado oidor de la Audiencia de Galicia. En febrero de 1834 le nombraron oidor de la recién creada Audiencia de Burgos, que tuvo que organizar. Mientras tanto su hermano Tomás se convertía en el líder militar del carlismo. Miguel Antonio le escribió para intentar en vano atraerle al bando liberal, ofreciéndole una amnistía. Tomás falleció durante el asedio de Bilbao el 24 de junio de 1835. Miguel Antonio mantuvo una carrera política muy activa durante el resto de la guerra. En septiembre de 1835 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo de España y las Indias. En octubre de 1836 fue diputado en las Cortes por Gipuzkoa y se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 1839, pero en las elecciones el sufragio era censitario y únicamente se podía votar en las zonas controladas por el gobierno. Llegó a ser presidente de las Cortes.
Su acción política se orientó decididamente hacia la supresión foral. Apoyó la abolición de las diputaciones forales y el traslado de las aduanas desde el Ebro a la costa. Formó parte de la comisión que redactó la Ley del 25 de octubre de 1839 que mutilaba los Fueros vascos. Miguel Antonio formaba parte de los que apostaban por un futuro para Euskal Herria basado en la apertura al exterior, el laicismo, la integración total en el mercado interno español y una economía basada en la industria y el comercio, descartando el modelo tradicional católico de exención aduanera, agricultura y ferrerías casi artesanales. Sin embargo, a corto plazo lo que estaba haciendo realmente era favorecer los intereses urbanos a costa del poder y la influencia de la Iglesia y de los terratenientes rurales, que habían apoyado sin reservas al carlismo, pero también a costa de la población rural, que en aquella época era todavía mayoritaria.
Miguel Antonio fue elegido alcalde de San Sebastián para 1840, pero se pasó la mayor parte del año en Madrid, cabildeando en favor de la ciudad. A finales de enero el Correo Nacional censuró con dureza su ausencia, pero el ayuntamiento le defendió al considerar que trabajaba en beneficio de los donostiarras. En 1841 fue nombrado senador por la provincia de Segovia y participó en la comisión para establecer nuevas diputaciones provinciales en el País Vasco. Ese mismo año recibió la Gran Cruz de Carlos III. En junio de 1842 el regente Espartero le nombró ministro de Gracia y Justicia. Fue el cénit de su carrera política. Se dedicó a agilizar los juicios en torno al proceso de desamortización de las propiedades eclesiásticas y reforzar la lealtad de los jueces al régimen imperante.
El bombardeo de Barcelona por orden de Espartero provocó una crisis política que forzó la dimisión de Miguel Antonio el 10 de mayo de 1843. Se retiró de la política y falleció en Madrid el 1 de mayo de 1846.
La influencia de Miguel Antonio fue significativa durante las Cortes de Cádiz y durante la Primera Guerra Carlista. Muchas de sus ideas quedaron recogidas en la Constitución de Cádiz, como la abolición de la Inquisición o la limitación del poder de los «jefes políticos» (gobernadores provinciales). También influyó a favor de la abolición foral. Sin embargo, su influencia en la posteridad fue prácticamente nula. Nunca fue un teórico y no dejó obra escrita, más allá de su Oración inaugural en la instalación del Tribunal, pronunciada el 18 de septiembre 1834.
Obras
Oración inaugural en la instalación del Tribunal, 18 de septiembre 1834, Burgos: Imprenta de T. Arnaiz, 1834.
Bibliografía
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Lasso Gaite, J. F., El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica (1714-1981), Madrid: Imprenta Sáez, 1984.
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Fuentes:
Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 2 núm. 3, 5 núm. 2, 13 núm. 29, 14 núm. 38, 16 núm. 10 y 20 núm. 18.
Archivo Central del Ministerio de Justicia, leg. 607, exp. 2024.
Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 11.898; Fondos Contemporáneos Ministerio de Hacienda, leg. 513, exp. 2642; leg. 2829, exp. 68.
Archivo Histórico de Protocolos (Madrid), leg. 25.402.
Archivo del Senado, Expedientes personales, HIS-0532-03.
