Trayectoria
La comprensión del Diccionario geográfico-histórico de España, por la Real Academia de la Historia, requiere una exposición previa de la institución que lo proyectó y lo llevó a la imprenta. La Real Academia de la Historia fue una de las múltiples academias reales, instituciones ilustradas encargadas de velar y cuidar sobre un determinado campo del saber o de las artes, siendo la primera en España la Real Academia de la Lengua, constituida en 1713-1714. Los orígenes de la Real Academia de la Historia se hallan en las tertulias literarias mantenidas por diversos cortesanos en las primeras décadas del siglo de la Ilustración. En concreto, las reuniones que tuvieron lugar en casa del abogado Julián de Hermosilla, hacia 1735, en las que los participantes debatían sobre cuestiones referentes a la historia. Los integrantes de esa tertulia obtuvieron el reconocimiento y protección del rey en 1738, cuando oficialmente se constituyó la Real Academia de la Historia. Una institución que tenía como objetivo la indagación del pasado de la Monarquía, aplicando métodos ilustrados, y prestando especial atención a las fuentes y restos arqueológicos.
Desde sus orígenes la Real Academia de la Historia tuvo entre sus cometidos redactar un Diccionario Histórico-Crítico Universal de España, tal y como quedó recogido en sus primitivos estatutos. Ya entonces se era consciente de que era un proyecto de larga gestión, principalmente por la ingente labor de recopilación de información que se requería. También hubo problemas con la organización y disposición de la obra. Uno de sus principales impulsores fue el político, jurista e historiador Pedro Rodríguez de Campomanes, director de la Academia de la Historia entre 1764 y 1791, y entre 1798 y 1801. Poco después de acceder a la dirección, en 1766, señaló la necesidad de organizar el proyecto, haciendo «unas puntuales listas de todos los pueblos de España, distribuidas por provincias y territorios», y exponiendo «el método que consideraba conveniente para su mejor uso, que era el de colocarlos por cédulas separadas en forma de diccionario». Paulatinamente se fueron recopilando datos y documentos sobre los distintos territorios. Mientras tanto, diferentes ilustrados españoles hicieron propuestas para encauzar su realización, siendo uno de los principales Melchor Gaspar de Jovellanos. Sin embargo, los académicos toparon con múltiples dificultades en su labor, como la necesidad de consensuar las diversas medidas a utilizar.
La tortuosa evolución del proyecto llevó a un cambio de método en 1797, siguiéndose esta vez el orden alfabético de provincias. El retorno de Campomanes a la dirección en 1798 insufló nueva vida al proyecto. Se creó una junta particular, que propuso cambios y, sobre todo, simplificaciones. En esencia, el trabajo debía abordarse por secciones. La primera incluiría el reino de Navarra y las Provincias Vascongadas. La segunda, los territorios de la Corona de Aragón. La tercera albergaría Castilla La Nueva y el reino de Murcia. La cuarta encuadraría a Castilla la Vieja. La quinta trataría las voces referentes a Asturias, Galicia y, significativamente, el reino de Portugal. La sexta, Andalucía. Y la séptima y última, las islas Baleares y Canarias. Y también se decidió que la citada junta fuera permanente, para realizar y concluir el Diccionario.
El impulso definitivo a la obra vino en 1799. Los miembros de la junta eran entonces relevantes ilustrados que habían destacado en las investigaciones históricas. El principal era Francisco Martínez Marina (1754-1833), futuro director de la Academia de la Historia (1801-1804 y 1816-1820) y jurista e historiador de primer orden tanto en las últimas décadas del siglo xviii como durante el convulso comienzo del siglo xix español. Martínez Marina fue autor, entre otros trabajos, del Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de Castilla y León (1808), así como de la Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla (1813). Junto a él integraron la junta encargada del Diccionario el religioso escolapio Joaquín Traggia (1748-1802), miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País; el jurista Vicente González Arnao (1766-1845), futuro director de la Real Academia de la Historia y afrancesado; y Manuel de Abella (1768-1817). Una vez hubieron constatado la imposibilidad de sacar el Diccionario en su integridad, incluyendo la totalidad de territorios españoles, dada la distinta cantidad y calidad de la información recopilada sobre los mismos, decidieron sacar los volúmenes sucesivamente, a medida que fueran concluidos.
Los testimonios de la época permiten constatar que la elección de los territorios vascos y Navarra como objeto de los primeros volúmenes a publicar fue debido más a contingencias documentales que a una voluntad política de los académicos. La principal causa fue que la parte más completa de la documentación era la de Navarra, Bizkaia y Álava, decidieron comenzar con la publicación del volumen referido a esos territorios, junto con la provincia de Gipuzkoa. La comisión procedió a repartírselos entre sus integrantes. Francisco Martínez Marina sería el encargado de las entradas referentes a la provincia de Álava, Joaquín Traggia redactaría las voces del reino de Navarra y las merindades de Pamplona y Estella, aunque Manuel de Abella sería el responsable de las de las merindades de Sangüesa, Tudela y Olite. El cuarto miembro, Vicente González Arnao, escribiría las entradas del señorío de Bizkaia. Por último, el cuarto territorio, la Provincia de Gipuzkoa, si bien en origen iba a ser estudiada Juan López, su abandono del proyecto en 1800 obligó a que los restantes miembros de la junta llevaran a cabo esa tarea de forma coral.
Para poder llevarlo a cabo, los académicos acudieron a la información recopilada hasta entonces y a la que facilitaron distintas personalidades e instituciones de los territorios. Es decir, no acudieron a los territorios ni consultaron los archivos directamente. Los propios miembros de la junta reconocieron en el prólogo las limitaciones de esta metodología, pues algunos datos podían ser incorrectos, dado que quienes se los habían proporcionado podían haberles mentido. En especial las poblaciones e instituciones locales, quienes podían mostrar recelos o «temores infundados» respecto de la finalidad de la investigación. Los autores de esta sección también quisieron dejar constancia de quiénes habían ejercido como «informadores» de esos territorios. En el caso de Navarra fueron el virrey, la Diputación y Tomás de Marichalar, entre otros. En el de Bizkaia fueron el corregidor Luis Marcelino Pereyra y Bartolomé Olaechea, quien presentó la Historia de Iturriza y Zabala. En el de Álava fueron Pedro Jacinto de Álava y el duque del Infantado, entre otros. Y en el de Gipuzkoa aparecían el corregidor Alfonso Durán, Bernabé Antonio de Egaña o conde de Oñate. Las deficiencias de esa forma de acceso a la información fueron denunciadas décadas después por el jurista guipuzcoano Pablo Gorosábel, quien señaló que «el resultado es que los señores académicos no examinaron personalmente las cartas-pueblas, privilegios, ordenanzas y demás papeles de los archivos de los pueblos». El trabajo de los cuatro comisionados quedó concluido entre 1801 y 1802, siendo publicado el año siguiente, en nombre de la Real Academia de la Historia.
Los autores del texto utilizaron métodos ilustrados para el estudio histórico, primando la información documental y obras remitidas por los corresponsales, frente a los relatos fabulosos y los mitos todavía utilizados. De hecho, el combate de estos era uno de sus objetivos. Se mostraron muy beligerantes con los que sustentaban una visión de la foralidad basada en el pacto originario, casos del vasco-cantabrismo que ya había sido desacreditado el padre Flórez el siglo anterior, o el mítico primer señor de Bizkaia: Jaun Zuria. Combates que tenían un claro objetivo político, como era defender la plena y perfecta integración de esos territorios en la Monarquía, como partes de Castilla, frente a las lecturas de la soberanía originaria de estos territorios y su independencia. También defendían la concepción de los Fueros como privilegios concedidos a lo largo del tiempo, no como ordenamientos particulares, propios y originarios de los territorios. Así, Martínez Marina escribió sobre Álava que «los reyes de Castilla y Navarra ejercieron en Álava todas las funciones de soberanía, así como las demás provincias de sus dominios». González Arnao, por su parte, afirmó que «nada hay que destruya para Vizcaya el concepto de sujeción que de las otras provincias vascongadas se ha fijado en los artículos de Álava y Guipúzcoa». Además, la obra cuestionó la presencia desde antiguo en estos territorios del euskera, uno de los pilares de la cultura foral. Lo que provocó la reacción de Pablo Pedro de Astarloa, quien en su Apología de la lengua vascongada criticaba con dureza lo apuntado en el diccionario sobre ese idioma, defendiendo antigüedad. Décadas después incluso Antonio Cánovas del Castillo discrepó de lo apuntado en este Diccionario en lo referente a la lengua vasca.
El Diccionario de la Real Academia de la Historia fue un gran trabajo de erudición, pero también fue un instrumento al servicio de una interpretación política de la foralidad. Pero estos volúmenes adquieren un significado político no solo por las tesis que recogen, sino también por el contexto en el que fueron realizados y publicados. Si bien desde comienzos del siglo xviii el régimen foral de los territorios vascos estaba siendo cuestionado, tras la derrota militar de la Guerra de la Convención las críticas arreciaron. Y uno de los principales escenarios en los que se desarrollaría la batalla en torno a la foralidad fue la historia y las investigaciones históricas. Diversos autores han visto en este diccionario un eslabón más de una ofensiva que tendría su momento culminante con la obra de Juan Antonio Llorente Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, publicada entre 1806 y 1808, y posteriormente con el trabajo de recopilación documental hecho por Tomás González, Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas, publicada en 1829-1830. De hecho, una vez los Fueros habían sido derogados, el historiador y político fuerista Fidel de Sagarmínaga apuntó que el Diccionario preparó el camino a la obra de Llorente.
Sin embargo, la visión que hacía de los ordenamientos jurídicos locales y de su ubicación política en el conjunto de la Monarquía no generó una reac-ción generalizada por parte de las instituciones vascas. Sí que causó preo-cupación en Álava, sobre todo la parte referente a la idea de soberanía e independencia del territorio. En Bizkaia, sin embargo, no hubo una respuesta oficial. Más aún, las Juntas Generales nombraron en 1804 a quien había sido responsable de las voces sobre Bizkaia en el Diccionario, Vicente Gonzalo de Arnao, abogado y director perpetuo de los negocios que el señorío tenía en Madrid. Lo que Juan Antonio Llorente no dejó de apuntar en su introducción de las Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, escribiendo irónicamente que el señorío «acertó muchísimo en la elección, porque ninguno defenderá mejor los derechos del Condado que un sabio académico tan instruido en la verdadera historia de Vizcaya y sus fueros como el señor Arnao». Tal vez la inmediata publicación del trabajo del clérigo riojano hiciera que las instituciones vizcaínas se centraran en la refutación de sus Noticias, más agresivas con los Fueros del señorío y la naturaleza y fundamentos históricos de estos, más que en lo dicho en el Diccionario. Décadas después, sin embargo, sí que se produjeron apuntes críticos respecto de esta obra. El jurista guipuzcoano Pablo Gorosábel, por ejemplo, en un proyecto espejo del Diccionario de la Academia, pero centrado en la Provincia de Gipuzkoa, reconoció la labor meritoria de los académicos, pero denunció que la metodología que habían utilizado para conocer los pueblos guipuzcoanos había sido incorrecta, pues no habían acudido a la provincia, sino que se habían valido de informes enviados. Por la misma época el Diccionario de la Academia de la Historia cobró un gran protagonismo durante los debates en torno a la foralidad de 1864, pues los acérrimos detractores de los ordenamientos jurídicos vascos acudieron a él de forma recurrente.
Con todo, no hemos de olvidar que el volumen dedicado a las Provincias Vascas y Navarra formaba parte de un proyecto sobre la historia de los territorios que configuraban España, y que venía gestándose desde los orígenes de la propia Real Academia de la Historia. Pero la obra en su conjunto se vio truncada, tanto por problemas de la Academia, como por la Guerra de Independencia, que impidieron que los académicos prosiguieran el plan trazado. Tras el final de ese conflicto la labor colectiva quedará en suspenso, y la Real Academia de la Historia se ciñó a apoyar la publicación de trabajos semejantes, caso de la obra de Sebastián Miñano titulada Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, en 1826-1828 o el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, de Pascual de Madoz, publicado entre 1846 y 1850. Pero fueron proyectos particulares, que, si bien recogían el espíritu del Diccionario de la Real Academia de la Historia, no formaban parte de este. Únicamente se publicó, muy posteriormente, otro volumen que sí formaba parte, de forma oficial, del Diccionario. Se trató de la Sección II, consagrada a La Rioja, junto a unos pueblos burgaleses, que vio la luz en 1846 gracias al empeño de su autor, Ángel Casimiro de Govantes. De ahí que se haya hablado del Diccionario de la Real Academia de la Historia como de una «obra frustrada».
Obras
Diccionario geográfico-histórico de España, por la Real Academia de la Historia. Sección I, que comprehende el reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa, 2 vols., Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joaquín Ibarra, 1802 (reed. Diccionario histórico-geográfico del País Vasco, 2 vols., Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1968) (reed. la parte referente a Gipuzkoa en la revista Euskal-Erria, t. LXI, 1909, pp. 439-440, 484-488 y 532-536; t. LXII, 1910, pp. 47-48, 142-144, 191-192, 212-214, 302-304, 382-383 y 478-480) (reed. en su integridad Donostia-San Sebastián: Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2005).
Govantes, A. C. de, Diccionario geográfico-histórico de España, por la Real Academia de la Historia. Sección II. Comprende La Rioja o toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos, Madrid: Imprenta de los señores viuda de Jordán e Hijos, 1846.
Bibliografía
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Gorosábel, P., Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, con un apéndice de las cartas-pueblas y otros documentos importantes, Tolosa: Imprenta de Pedro Gurruchaga, 1862.
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