PRIETO TUERO, Indalecio (Oviedo, 30 de abril de 1883 – Ciudad de México, 12 de febrero de 1962)

Periodista, político.

El político vasco Indalecio Prieto Tuero —que, aunque nacido en Oviedo, vivió en Bilbao desde los siete años y en Bilbao se formó y llegó a la política a la temprana edad de dieciséis años—, contribuyó a la política nacional española de la primera mitad del siglo XX, y la problemática vasca asociada a ella, como ningún otro socialista de la época, aunque en rigor debe decirse que su visión fue más de republicano-liberal, que propiamente socialista, y siempre desde una óptica modernizadora.

Prieto fue uno de los más importantes políticos socialistas de la llamada «segunda generación», la que sucedió al fundador del PSOE, Pablo Iglesias. Su protagonismo —que siempre desbordó el marco limitado de su propio partido— abarcó los años que van de la crisis del régimen de la Restauración (1917-1930), la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939), hasta el largo exilio republicano (1939-1962).

Indalecio Prieto fue un socialista liberal y reformista, de manera que ni fue un ideólogo socialista, ni mucho menos un doctrinario marxista. Es más, si hubiera que escoger un orden de prelación entre las tres ideas, sin duda la causa de la libertad antecedió a las otras dos. «Socialismo sí, pero para la libertad», dijo una y otra vez. Prieto entendió el socialismo como la culminación del liberalismo, como su perfeccionamiento, nunca como su negación.

En política, fue un realista absoluto. Como él mismo sostuvo «quien se limitara en el Parlamento, la Diputación o el Concejo, a exponer las ideas colectivistas, habría terminado su misión en media hora, y además habría incumplido su deber y sentaría plaza de tonto. Y la política, arte de realidades, no es un fumadero de opio» (La Lucha de Clases, Bilbao, 6 de mayo de 1923).

Indalecio Prieto dijo de sí mismo que era socialista a fuer de liberal, o, dicho de otro modo, fue lo primero —socialista— como consecuencia de ser lo segundo —liberal—. En efecto, Prieto encarnó plenamente, en su ideario, los valores del liberalismo y del socialismo democrático. Defendió un liberalismo moderno, indisociable de la afirmación democrática, de la defensa del pluralismo político y de la reforma social. Un liberalismo, por tanto, unido a la idea de democracia, en que el socialismo aparecía como el medio de alcanzar la libertad y la igualdad. Lo proclamó en su conferencia pronunciada en la sociedad El Sitio, de Bilbao, el 21 de marzo de 1921, «La libertad, base esencial del socialismo»: «La idea de libertad es superior a la idea de patria; la idea de libertad es superior a la idea de socialismo —repetiría sin descanso Prieto—; cuando la patria o cuando el socialismo niegan la libertad, desaparecen los justos títulos que puedan tener para nuestro respeto. La libertad, ante todo; el socialismo, como un medio para consagrar la libertad […]. Socialismo, sí, pero para la libertad, como medio para la libertad».

Es decir, un liberalismo cívico, por encima de clases, de patrias, de naciones o de identidades colectivas. El individuo libre, ante todo y por encima de todo.

Estos valores de Prieto no fueron, sin embargo, los dominantes históricamente en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Al contrario, fueron excepcionales. Los socialistas siempre reclamaron su derecho a actuar simplemente como socialistas, es decir, a proyectar prioritariamente su objetivo final, el régimen socialista. Aunque, en realidad, más que revolucionarios de la acción, lo fueron de esperar el momento final que llegaría inexorable, fortaleciéndose organizativamente hasta entonces, pues al proletariado le aguardaba el destino providencial de las «clases víctimas».

En cambio, para Prieto, sus propuestas de libertad y democracia —y, en última instancia, socialismo— solo eran alcanzables mediante la República. De ahí que, a diferencia del resto de los socialistas españoles, la confluencia con los republicanos —que se produjo a partir de la Semana Trágica de 1909— no fue circunstancial, sino que formó parte de su ideal político. Y esa confluencia fue especialmente notable con republicanos como Manuel Azaña, que tenían —como él— una concepción moderna del Estado y de la vida política.

Una República que fuera capaz de sacar a España de aquella condición de «nación balkánica» [sic], como la calificara el mismo Prieto en el Congreso de los Diputados, en su célebre discurso, las «Responsabilidades del derrumbamiento de la Comandancia de Melilla», de 21 de noviembre de 1922.

Todos los socialistas —incluido Prieto— creyeron firmemente que la República era, en sí misma, una revolución, que culminaba un largo tramo histórico convulso, iniciado en 1917, y no el resultado inesperado de unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Y creyéndolo tan firmemente, quizá no comprendieron bien que la República había sido, en efecto, una revolución política que inauguraba un tiempo nuevo, la democracia, pero que no era la antesala de ninguna inminente llegada —a través de una especie de sucesión histórica providencial— al Edén socialista.

Los socialistas aportaron el mayor esfuerzo a la lucha, ante un republicanismo históricamente fragmentado. Por eso esperaron la merecida recompensa: no podían interpretar la llegada de aquel nuevo régimen como un simple cambio en la concepción del Estado, sino como una suerte de Democracia revolucionaria. La República sería el tiempo de la reforma social integral, de la sujeción de la Iglesia a su sola misión espiritual, de la proyección del laicismo en la esfera pública y de la revolución educativa universal. También de la inaplazable reforma agraria, del «control obrero» de las industrias y de los jurados mixtos, del Estado integral y de las autonomías regionales, y de un largo etcétera que les abriría las puertas de su «reino». Pero sabían —temían, más bien— que como contra toda revolución en la historia, se alzaría, ante o después, la contrarrevolución. ¿Acaso no tenían al enemigo —pensaron ellos— en el mismo Parlamento, en forma de traición —así la calificaron los socialistas— de los radicales y de una mayoría aplastante de accidentalistas de la CEDA de Gil Robles dispuestos a esperar el momento oportuno para lanzarse contra la República?

En medio de tales peligros, interpretaron su salida del poder en septiembre de 1933, como una «expulsión», no solo del gobierno sino de la República misma, cuando, sencillamente, lo que sucedió es que habían quedado fuera de la mayoría a consecuencia de perder las elecciones de noviembre de ese año.

Los socialistas vieron cómo muchas de sus reformas revolucionarias empezaron a esfumarse ante sus ojos, interpretando el cambio de tendencia política como la instauración de una suerte de república ultraconservadora, autoritaria o directamente fascista. Y, ante la temida contrarrevolución, se lanzaron, de forma cuasi preventiva, a hacer su revolución, pero ahora ya social, y, equivocadamente, antifascista, pues, por mucho que lo invocaran, no estaba el fascismo en ciernes en aquel cambio gubernamental.

La revolución fue un fracaso completo, aunque en algunas zonas de España —sobre todo en Asturias— adquirió una violencia inusitada y dejó un rastro cruento muy alto. Lo más sorprendente del caso es que después de aquella gran revolución socialista, ni siquiera se ilegalizara al Partido Socialista, y sus diputados siguieran en las Cortes —salvo los que habían caído presos y estaban en la cárcel— como Largo Caballero, o los que habían podido franquear urgentemente la frontera francesa, como Indalecio Prieto.

No estaría de más advertir algo medular: aquella revolución demostró que ni hubo ni había una fuerza civil organizada para hacer la contrarrevolución temida, y que cuando esta se puso en marcha, la hubo de hacer una organización militar, el Ejército, por medio no de un «simple» golpe de Estado, sino decididamente de una guerra.

Una vez terminada la revolución, y recuperado Prieto para su reformismo de siempre, configuró de nuevo con Azaña —quizá ya demasiado tarde, dadas sus propias responsabilidades personales en los hechos violentos— un proyecto de recuperación democrática para España, bajo una nueva fórmula coalicionista, pero ampliada a los comunistas —que se conoció como Frente Popular—. La recuperación de aquella nueva política reformista que intentaría Prieto no pudo ni siquiera ensayarse, ya que cualquier propósito político quedó violentamente cortado por la Guerra Civil que se desató en julio de 1936.

Con la derrota en la guerra y durante el largo exilio, del que nunca pudo regresar, Indalecio Prieto puso todo su empeño en recuperar la democracia, es decir, la libertad, aquello por lo que peleó siempre aquel «socialista a fuer de liberal», que murió en el exilio, un 12 de febrero de 1962, en México D. F.

La etapa de la Segunda República fue la más importante para entender lo que fue la llamada «cuestión vasca», y la concepción que sobre ella tuvo Prieto.

Su amistad con Aguirre, y con muchos otros nacionalistas vascos, no quita para que estos tuvieran a Indalecio Prieto como su bestia negra. Y lo fue siempre, pese a que Irujo «bendijera» la mano que trajo el Estatuto —que fue la de Prieto— (La Voz de Guipúzcoa, 26 de noviembre de 1935) o que Leizaola escribiera, a la muerte del político socialista en 1962, un epitafio en que lo calificaba como el hombre sin el cual el siglo XX vasco no podría llegar a comprenderse nunca [Euzko­-Deya (París), en marzo de 1962].

Aquella primera Autonomía vasca fue obra de la República de izquierdas, y lo fue como una ley [sic] republicana, contemplada en la Constitución española de 1931. En virtud de aquella ley [Estatuto], el País Vasco, como realidad jurídico-política —y, no en menor grado, territorial—, se constituyó por las Cortes españolas el 1 de octubre de 1936.

Para Prieto, el Estatuto de autonomía del que iba a «disfrutar» [sic] —siempre empleó este verbo, Prieto— el País Vasco lo sería por «cesión del Estado». No hubo, por tanto, nunca un reconocimiento de realidades nacionales o protoestatales, anteriores, como siempre pretendieron los nacionalistas vascos a través de la reivindicación de una imaginaria soberana foralidad pretérita.

Es decir, el Estatuto de autonomía no supuso nunca el reconocimiento de un «derecho», ni el restablecimiento de nada abolido [léase, los fueros]. Fue una ley de la República, que desarrolló un aspecto específico contemplado en el articulado constitucional, a la que abría paso la nueva organización territorial de la Constitución de la República española. De ahí que Prieto concibiera la autonomía vasca como una fórmula unionista española.

Desde luego, todos los socialistas sabían que con la concesión del Estatuto de autonomía el poder iría a manos del PNV, y que probablemente la política que desarrollara este no tuviera la orientación reformista de la República en muchas materias sensibles —especialmente en laicismo y educación—, pero esperaban —lo esperaba Prieto, al menos— que ello supusiera su integración constitucional en la República, y que los territorios del Norte no fueran un desafío a la seguridad del nuevo régimen.

A consecuencia de los cambios políticos en la gobernación de la República, la Autonomía no le fue otorgada al País Vasco hasta 1936, con la Guerra Civil ya en marcha. De haberla conseguido antes, ¿habría contribuido el Estatuto a una integración satisfactoria, y, sobre todo, leal, dentro de la República española del nacionalismo vasco, como siempre esperó Prieto? Desgraciadamente para su proyecto, sucedió lo contrario: que en momentos graves aquella lealtad no fue incondicional, sino que permanecieron al lado del régimen siempre a merced de su programa máximo, la independencia.

Fue precisamente en aquellos momentos graves cuando pudo probarse la endeblez de su integración, y cuando el nacionalismo demostró, de hecho, lo contrario: así, cuando una parte muy significativa del nacionalismo vasco —probablemente mayoritaria, aunque no el lehendakari Aguirre— pretendió hacer una paz por separado con el enemigo y negociaron con los italianos y rindieron inútilmente a sus batallones en Santoña en agosto de 1937, una vez perdida la guerra en territorio vasco; o cuando quisieron imponer a todas las fuerzas políticas integrantes del gobierno autónomo en el exilio una obediencia vasca —y aquella vez sí con Aguirre a la cabeza—, cuyo objetivo deliberado era fracturar al socialismo vasco, para separarlo del conjunto nacional español y crear un socialismo autóctono.

Nos encontramos, por tanto, con que la República ofreció un Estado integral a unos nacionalismos —en nuestro caso, el vasco— cuya voluntad integradora o integracionista fue probablemente nula. El nacionalismo vasco jamás pudo —ni seguramente quiso— aceptar una realidad diversa, dentro de una nación única-unida, como quiso y propuso Prieto. Por eso, cabe afirmar que la República fue la gran oportunidad perdida por el nacionalismo vasco, de integrarse de una manera satisfactoria en un proyecto común, es decir —como siempre deseó Prieto— en un solo país, apartándose de un foralismo reinventado en cada momento histórico, o claramente de un nacionalismo separatista. En realidad, podría decirse con toda propiedad —es más, debería enfatizarse— que Indalecio Prieto tuvo el gran mérito de haber «rescatado», para una modernidad de nación civil, ajustada a la ley y a la Constitución, una foralidad y una nacionalidad vascas, penetradas de etnicismo, cuya capacidad de integración no podía ser otra cosa que nula.

Los nacionalistas vascos se esforzaron siempre en presentar a Indalecio Prieto como quintaesencia del españolismo, pero la idea de este no fue —a mi juicio— hacer de la nación España una suerte de fórmula doctrinal, sino edificar un Estado liberal y democrático, bajo la fórmula integral de una República española para todos sus ciudadanos, incluidos los vascos.

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