Trayectoria
La historia de Álava entre 1793 y 1876 se inició, al igual que la de Gipuzkoa y Bizkaia, con una etapa muy convulsa, de crisis del Antiguo Régimen, guerra y revolución, abierta por la Guerra de la Convención (1793-1795). La resistencia a la penetración del ejército galo fue organizada en Álava eficazmente por la Diputación de la Provincia encabezada por Prudencio María de Verástegui, quien impidió que los franceses lograran entrar en Vitoria hasta julio de 1795, poco antes de la finalización del conflicto. Aunque hubo afrancesados entre las élites ilustradas alavesas, la guerra no produjo en ellas la situación de desafección a la Monarquía que sí se dio entre las élites guipuzcoanas. No obstante, el ilustrado y economista vitoriano Valentín de Foronda fue acusado de ser favorable a los franceses e incluso de connivencia con el episodio de la «separación de Guipúzcoa», y el tribunal de la Inquisición le llegó a abrir un expediente (que fue finalmente suspendido). De cualquier forma, la desconfianza que produjo en el monarca el episodio guipuzcoano afectó también a Álava, que tras la guerra vio igualmente incrementada la presencia en su territorio de las autoridades gubernamentales, lo que produjo tensiones entre la provincia y la Corona. En este contexto se produjo la revuelta de Módenes de 1802. Siguiendo las disposiciones de Carlos IV y Godoy de incrementar los controles sobre el tráfico comercial alavés y luchar contra el contrabando que proliferaba al abrigo de la peculiar situación aduanera de los territorios vascos (aduanas forales), Juan Módenes, subdelegado de Rentas de Cantabria, generó constantes pleitos con las autoridades alavesas y despertó el encono de la población. Este estalló en forma de sublevación popular contra él, cuando una masa de gente enfervorecida cercó su vivienda y reclamó su ahorcamiento: la intervención de las autoridades provinciales evitó que la revuelta acabara en tragedia. El gobierno de la Monarquía utilizó el suceso para tratar de reducir el poder del diputado general: en 1803 ordenó que no se le comunicara ninguna cuestión relativa a la hacienda real y estudió la posibilidad de enviar por primera vez un corregidor a Álava (que a diferencia de Gipuzkoa y Bizkaia, no lo tenía, ejerciendo este papel de delegado del gobierno real el diputado general). Todo ello formó parte de una campaña gubernamental para tratar de mejorar el control de la Monarquía sobre las provincias exentas, que, a diferencia de otros territorios, habían conservado sus Fueros gracias a su respaldo a los Borbones en la Guerra de Sucesión española de inicios del siglo xviii. De esa campaña también formó parte la ofensiva intelectual en la que se enmarcó la publicación por Juan Antonio Llorente de su Noticia histórica de las tres Provincias Vascongadas (1806 y 1808).
La Guerra de la Independencia representó otro hito, este de mayor calado, en el proceso de crisis política del Antiguo Régimen. Álava, como el resto del País Vasco, fue ocupada militarmente y Vitoria se convirtió en sede de la corte josefina durante 1808. El marqués de Montehermoso, uno de esos ilustrados vascos que dieron el salto al afrancesamiento político, hospedó en su palacio de Vitoria a José I cuando en septiembre de aquel año llegó a la ciudad y su esposa, la guipuzcoana María del Pilar Acedo y Sarría, marquesa de Montehermoso, se convirtió en la amante del nuevo rey. La estrecha relación de la familia con José I le valió al marqués el nombramiento de Gentilhombre de Cámara y Grande de España y él fue el representante de Álava en la Asamblea de Bayona reunida en junio de 1808. Junto a los delegados vizcaíno y guipuzcoano Yandiola y Lardizábal, y con la mediación del influyente afrancesado vizcaíno Mariano Luis Urquijo, lograron que los fueros vascos, que por primera vez se confrontaban con concepciones liberales y una norma jurídica pensada como código único para toda la Monarquía, no fueran derogados. Sin embargo, acabarían siendo anulados con la implantación del nuevo orden político que trajeron los franceses y que se completó con la creación en 1810 del Gobierno de Biz-kaia, englobando a las tres Provincias Vascongadas bajo el mando del general Thouvenot. Vitoria se convirtió en capital de dicho gobierno en enero de 1811 (tras serlo primeramente San Sebastián), y en la ciudad se publicó entonces su órgano de prensa oficial, la Gazeta de Oficio del Gobierno de Vizcaya, que había comenzado a editarse en San Sebastián en 1810. Vitoria también había conocido la edición previa de otro órgano de prensa afrancesada, la Gazeta de Vitoria, en 1808. Bajo la administración francesa del territorio alavés se produjeron —al igual que en Gipuzkoa y Bizkaia— inéditas oportunidades de acceso al poder local y provincial para los miembros de clases medias urbanas, que el orden foral dejaba al margen, y también de formación entre ellas de nuevos patrimonios derivados de la compra de bienes que desamortizaron los franceses entre 1808 y 1810: en el caso de Álava, todos los compradores por encima de cien fanegas estaban inscritos en la corporación del comercio de Vitoria.
Mientras se implantaba el Gobierno de Bizkaia, las Cortes de Cádiz desarrollaban la actividad que daría a luz a la primera Constitución española, expresión del nuevo sujeto jurídico que también alumbraron, la nación soberana. Aunque el diputado alavés en esas Cortes, Trifón Ortiz de Pinedo, había advertido «con dolor» que esa Constitución, que «comprende también a las provincias exentas y por consiguiente a la de Álava, tan celosa de sus derechos y los de su Soberano», «destruye de raíz toda la Constitución Alavesa», es decir, estimaba que era opuesta a los Fueros —a los que la publicística foralista del siglo xviii y las élites vascongadas presentaban como constitución particular de los territorios vascos, en el sentido de orden jurídico-político propio—, la Constitución gaditana fue jurada sin problemas por la Junta General de Álava en noviembre de 1812. Reunida en Artzienaga, esa junta nombró diputado general a Miguel Ricardo de Álava, el brillante general vitoriano que se distinguió en la lucha contra los franceses, y diputado a Cortes a Manuel de Aróstegui, que fue quien finalmente estampó su firma en el texto gaditano en representación de Álava. Tras la restauración fernandina, el general Álava sería acusado de falsificar poderes para que Aróstegui fuera nombrado diputado a Cortes y de obligar a la Diputación alavesa a jurar la Constitución.
La derrota francesa en la Guerra de la Independencia se selló sobre suelo vasco con la batalla de Vitoria de 21 de junio de 1813, en la que participó el general Álava y durante la cual el rey José huyó a Francia —y junto a él la marquesa de Montehermoso, que se exilió en el país vecino—. En el escaso tiempo en que estuvo en vigor la Constitución de Cádiz se expresó en Vitoria una corriente de opinión favorable a ella a través del periódico El Correo de Vitoria, publicado entre diciembre de 1813 y abril de 1814, en cuyas páginas se trataba de fomentar «el amor a la Constitución», explicando su contenido y defendiendo las nuevas libertades. El primer liberalismo alavés comenzó a organizarse en torno a esa empresa periodística y estuvo representado por Miguel Ricardo de Álava, Casimiro Javier Egaña, José M.ª Aldama, Pablo de Jérica, Manuel González Campo o Vicente Ventura Cigarán, entre otros. En los años del Trienio liberal (1820-1823) se desarrolló, concentrándose su núcleo en Vitoria.
Tras el levantamiento del general Riego en enero de 1820 que restauró la Constitución de Cádiz, la Junta General alavesa volvió a jurar su texto sin reservas —a diferencia de la guipuzcoana, que manifestó ya reticencias— y el régimen liberal fue desplegado en la provincia, defendido por instituciones nuevas como la Milicia Nacional, constituida en mayo de 1821 y cuyo primer jefe fue Pablo de Jérica, y por sociedades liberales como la Sociedad Patriótica de Vitoria, fundada en abril de 1821. En contraste con la inclinación liberal de la capital alavesa, en el interior de la provincia se organizó, alentada por el clero antiliberal, una resistencia popular contra el gobierno constitucional en forma de partidas armadas realistas. La más importante de ellas fue la que se formó en la villa de Salvatierra en abril de 1821 en defensa del orden tradicional y al grito de «Viva la Religión, viva el Rey y muera la Constitución», que trató de extender la insurrección al resto de Álava, y a Gipuzkoa y Bizkaia.
El Trienio liberal finalizó abruptamente con una nueva invasión francesa, la de los Cien Mil Hijos de San Luis, que restableció la Monarquía absoluta de Fernando VII. La feroz represión liberal que siguió liquidó prácticamente el núcleo liberal alavés, obligando a marchar al exilio a sus más destacados representantes: ya no volvería a recomponerse, quedando el liberalismo progresista definitivamente debilitado en Álava. Esa represión fue conducida con mano de hierro por Valentín de Verástegui, hijo del héroe de la Guerra de la Convención, Prudencio M.ª de Verástegui. Había comandado uno de los batallones realistas que se formaron en Álava durante el Trienio, y en 1823 fue nombrado por las Juntas Generales alavesas teniente de diputado y en 1826 diputado general. En esos años, Álava fue escenario, como otros territorios de la Monarquía, de varias sublevaciones contra Fernando VII, al que los sectores más conservadores acusaban de estar bajo la influencia de los liberales por las medidas reformistas que aplicó desde 1826 para evitar la crisis final del Estado absoluto. En septiembre de 1827 tuvo lugar en la localidad alavesa de Ullíbarri Gamboa una sublevación de varios militares retirados guipuzcoanos y alaveses, encabezada por el teniente licenciado Lausagarreta al grito de «Viva el Rey, la Religión y la Inquisición» —el mismo que enarbolaron en Cataluña los malcontents—, y en febrero de 1829 se organizó una conspiración absolutista en Vitoria, encabezada por varios militares retirados y clérigos, que trató de sublevar en Gipuzkoa y Navarra a distintas personas «descontentas con el gobierno», si bien fue descubierta y neutralizada. En estos años se agravaron las tensiones socioeconómicas arrastradas desde el siglo xviii y las tensiones políticas que generaron las convulsiones vividas desde finales de dicha centuria, definiéndose así las divisiones sociales que estallaron con la guerra civil de 1833, que tuvo en el País Vasco uno de sus principales escenarios. Los alineamientos bélicos no respondieron a una división simple entre sectores sociales netamente definidos —campesinado, clero y jauntxos por un lado, burguesía liberal urbana por otro, como ha sido frecuentemente interpretado—, sino que se trató de una división más compleja, entre sectores muy reacios al cambio y marcadamente antiliberales, entre ellos élites realistas, y quienes consideraron que sus intereses estaban mejor garantizados con el trono de Isabel II, entre los que se contaban élites más transaccionistas o abiertamente liberales.
Verástegui ejemplifica bien el salto del realismo absolutista al carlismo que se operó en una parte de las élites vascas en los años treinta. La defensa de «el Altar y el Trono» contra los «vándalos» liberales que durante el Trienio habían «hollado sacrílegamente nuestra Santa Religión, han tenido cautivo a nuestro monarca y han abolido nuestros fueros y libertades» le llevó a tomar las armas. Al frente de los Voluntarios Realistas de Álava, se sublevó el 7 de octubre de 1833 contra el gobierno de la regente María Cristina, haciendo un llamamiento a los alaveses a combatir la «vil canalla» liberal que quería imponer su «execración contra el Dios santo, […] la abolición de nuestros fueros y privilegios, y la cautividad de nuestras libertades patrias: en una palabra, la destrucción de los altares y la ruina de los tronos». Proclamó rey a Don Carlos en Vitoria, disolvió el ayuntamiento de la ciudad, ordenó un alistamiento general de todos los mozos solteros para formar un ejército carlista y, ante la posición del diputado general Íñigo Ortés de Velasco de considerar ilegítima la insurrección y negarse a secundarla, constituyó una Junta Gubernativa bajo su presidencia, manteniendo Vitoria bajo control carlista entre octubre y noviembre de 1833. El ejército cristino de Sarsfield logró entrar en la ciudad el 21 de noviembre y Verástegui tuvo que retirarse, sumando sus efectivos a las tropas de Zumalacárregui. Pero Vitoria fue sometida a un asedio por los carlistas en marzo de 1834, que constituye el más importante episodio de la guerra civil de 1833-1839 sobre suelo alavés. El avance de Espartero decidió a Zumalacárregui a deponer el sitio, pero siguió considerando clave tratar de tomar Vitoria, y solo la orden que recibió de Don Carlos en 1835 de asediar Bilbao desvió su atención de la ciudad. Durante el desarrollo de la guerra, Álava volvió a enfrentarse a la tesitura de jurar en dos nuevas ocasiones una Constitución liberal: en 1836, el repuesto texto gaditano, y en 1837 una nueva Constitución (además del Estatuto Real de 1834), y en todas las ocasiones prestó juramento sin mayores problemas (si bien en 1837 la Diputación alavesa accedió a ello introduciendo la cláusula de «sin perjuicio de los fueros», que manifestaba los crecientes recelos que el constitucionalismo liberal despertaba en las élites).
Si Verástegui fue la cabeza más visible del carlismo alavés —sería nombrado comandante general de Álava en julio de 1836—, Íñigo Ortés de Velasco fue uno de los principales representantes del fuerismo en esta provincia. Formó parte, junto al conde de Villafuertes (Gipuzkoa), Pedro Pascual de Uhagón (-Bizkaia) y José María Vidarte (Navarra), de la Junta de Bayona que un grupo de notables vascos constituyeron, bajo la presidencia del comisionado gubernamental de Vicente González Arnao, en julio de 1838 para apoyar la campaña «Paz y Fueros» de José Antonio Muñagorri, puesta en marcha en abril de ese año para desligar la causa foral del bando carlista. Al igual que en Bizkaia y Gipuzkoa, el fuerismo alavés tomó forma definitiva en estos años de guerra —en 1834 fue publicada la expresión más sistemática de esta ideología, Observaciones sobre la necesidad de reformar el régimen administrativo de las Provincias Vascongadas—. Su más destacado representante, y también el más influyente de los fueristas vascos, fue el vitoriano Pedro de Egaña, miembro de una acomodada e influyente familia de juristas, que fue elegido diputado a Cortes por Álava en julio de 1839. Se inició, por tanto, en la vida parlamentaria en la crucial coyuntura del final de la Primera Guerra Carlista, y estuvo así presente en los debates que condujeron a la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 1839 (que confirmó los Fueros «sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía» y disponiendo su modificación por el Parlamento). A partir de entonces se convirtió en la voz más autorizada de las Provincias Vascongadas en Madrid, el principal gestor de los intereses vascos ante el gobierno del Estado, un influyente cortesano (fue amigo de la reina madre María Cristina) vinculado al sector más moderado del liberalismo español, y un esforzado defensor del mantenimiento de los Fueros en el orden constitucional, enfrentándose para ello al más destacado fustigador del particularismo vasco, el senador progresista andaluz Manuel Sánchez Silva. Su compromiso con la causa foral le llevó en 1841 a tomar parte en la organización de la Octubrada.
Tras la finalización de la Primera Guerra Carlista, la regencia de María Cristina había sido sustituida por la del general Espartero a raíz de la crisis política que provocó la polémica Ley de Ayuntamientos de 1840. El gobierno progresista de Espartero despertó el recelo de los fueristas vascos, más aún cuando nombró una comisión gubernamental, de la que formó parte el alavés Agustín Fernández de Gamboa, para elaborar un proyecto de modificación de los Fueros, siguiendo lo dispuesto en la Ley de 25 de octubre. Ello decidió a Egaña, a Íñigo Ortés de Velasco, entonces diputado general de Álava, y a otros fueristas alaveses a implicarse en la organización de la Octubrada, una sublevación contra Espartero organizada por María Cristina y los moderados, y encabezada por los generales Narváez y O’Donnell, quien inició el levantamiento desde Pamplona. El 4 de octubre se pronunció en Vitoria el general Piquero, con el apoyo expreso de la Diputación foral de Álava, que ordenó al cuerpo de miñones tomar las armas (el ayuntamiento, sin embargo, se mostró contrario a participar). El fracaso de la sublevación obligó a Pedro Egaña a huir al extranjero, exiliándose en París, si bien regresó a España tras la caída del regente y continuó con su carrera política, que tendría, como la de otros políticos vascos, una importante proyección estatal (él sería nombrado en dos ocasiones ministro con gobiernos moderados).
En la primera mitad de los años cuarenta los regímenes forales vascos conocieron una sensible modificación, que no pasó por el Parlamento, como había dispuesto la Ley de 25 de octubre, sino por varios decretos gubernamentales, entre ellos el Decreto de Vitoria de 29 de octubre de 1841 y el Decreto Pidal de 4 de julio de 1844: supresión del pase foral, traslado de las aduanas a la costa y frontera, introducción de gobernadores civiles, implantación del sistema judicial estatal… Pero también reforzamiento del poder de las diputaciones forales, con la asunción de nuevas atribuciones (p. ej., en 1845 obtuvieron el control de las finanzas municipales). De cualquier forma, la foralidad logró subsistir gracias a las habilidades negociadoras de los fueristas y a la necesidad de estabilidad tanto de los gobiernos moderados como de los progresistas que se sucedieron en el Estado. Hubo un especial entendimiento con los moderados, con quienes compartieron el ideal de una sociedad de orden fervientemente católica. No obstante, en 1852 las Juntas Generales de Álava tuvieron que tomar medidas para defender el mantenimiento de los Fueros frente al propósito del gobierno de Juan Bravo Murillo de llevar a efecto el arreglo foral dispuesto en la Ley de 25 de octubre. Encargaron a Pedro Egaña y a Blas López, otro distinguido fuerista alavés, hacer de interlocutores y para ello redactaron un famoso alegato que sería publicado años más tarde, en 1870, con el título Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas, y que constituye otro de los textos señeros del fuerismo. También en esta coyuntura se publicó Vindicación de los ataques a los Fueros de las Provincias Vascongadas (Madrid, 1852), de Mateo Beningo Moraza y Ramón Ortiz de Zárate. Aquel intento de modificar los Fueros cumpliendo la ruta dispuesta en la Ley de 25 de octubre se frustró con la caída del gobierno que lo había promovido y no se volvió a repetir (hasta 1876): los Fueros de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, transformados en neoforalidad, lograrían así sobrevivir hasta el último tercio del siglo.
El discurso en defensa del particularismo vasco que formuló el fuerismo difundió la idea de un pueblo singular con una historia y cultura compartidas que tenía en los Fueros un patrimonio inmemorial sagrado y la esencia de su identidad. Como explicó Pedro Egaña en su discurso ante la Junta General alavesa de noviembre de 1866 —había sido elegido diputado general en 1864—: «La poesía de los recuerdos es, en nuestro país, la más grande y trascendental de las políticas. Para la raza éuskara, raza de sentimiento y fe, las tradiciones son a un tiempo religión, historia y armadura. […] la familia vascongada se conserva viva y potente […] con sus costumbres patriarcales, sus leyes de libertad […]. Conservar este santo culto […] es un deber». Los políticos fueristas alaveses se esforzaron en estrechar los lazos de fraternidad con las provincias hermanas de Gipuzkoa y Bizkaia (Irurac Bat) y puntualmente con Navarra (Laurak Bat), promovida esta última especialmente por Ramón Ortiz de Zárate, diputado general de Álava entre 1861 y 1863 (y diputado a Cortes entre 1858 y 1882), que acabaría transitando del fuerismo al carlismo. Entre los muchos instrumentos que utilizaron para ello, se contó la reclamación de un obispado propio y común para los tres territorios vascongados, la Diócesis de Vitoria, conseguida erigir en 1862, durante el mandato de Ortiz de Zárate como diputado general.
La sede de la nueva diócesis se fijó en Vitoria, que desde 1833 (con la división territorial de Javier de Burgos) se había convertido en la capital de Álava. La desaparición de las aduanas forales sumió en una situación crítica a la ciudad, que era el principal núcleo comercial de la provincia, y tuvo que remodelar su economía, terciarizándola aún más —en contraste con el resto de Álava, netamente agrícola, que a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa no vio despegar su industria en la segunda mitad del siglo— y subrayando su carácter de capital administrativa. En 1850 el ayuntamiento fundó la Caja de Ahorros de Vitoria y en 1864 un conjunto de capitalistas vitorianos, encabezados por Ladislao de Velasco, crearon el Banco de Vitoria. Se fundaron también numerosas instituciones educativas y culturales, como el Instituto de Segunda Enseñanza (1841); la Escuela Normal de Maestros (1847); el Ateneo de Vitoria (1866); la Universidad Libre de Vitoria (1869), de la que el fuerista Mateo Beningo Moraza fue primer rector; la sociedad geográfica La Exploradora (1869), fundada por Manuel Iradier; y la Academia Cervántica Española (1873), por Fermín Herrán. La ciudad creció y en 1865 inició un ensanche urbanístico, que no se concluiría sin embargo hasta 1888. Conoció también una notable actividad editorial desde los años cuarenta, con la edición de un buen número de revistas culturales y publicaciones periódicas: El Lirio (1845-1847), la Revista Vascongada (1847-1848), El Porvenir Alavés (1863-1867), El Mentirón (1868-1869), etc., siendo la más importante de todas El Semanario Católico Vasco-Navarro, editado entre 1866 y 1873 y fundado por el carlista guipuzcoano y canónigo magistral de la catedral de Vitoria, Vicente Man-terola.
La nueva situación de cambio revolucionario que se abrió en septiembre de 1868 y que introdujo en España un Estado democrático, suscitó el rechazo de los sectores conservadores de la sociedad española, singularmente por su legislación anticlerical, rechazo que alcanzó en el País Vasco una de sus expresiones más virulentas. El carlismo, derrotado en 1839, rentabilizó este descontento y, denunciando la amenaza que contra la católica España representaba el nuevo gobierno, recuperó apoyo social en el País Vasco, donde la profunda religiosidad de la población constituía una de sus principales señas de identidad. Cualquier amenaza sobre la religión y la Iglesia significaba también, desde esta perspectiva, una amenaza sobre los Fueros, pues ambos elementos formaban un binomio inextricablemente unido en el imaginario colectivo. Ello convirtió al País Vasco en uno de los principales escenarios de la nueva Guerra Carlista que estalló en 1872.
En Álava se formó ya en 1870 una junta carlista clandestina con el fin de preparar una sublevación armada, de la que formó parte Rodrigo Ignacio de Varona, uno de los más destacados líderes carlistas alaveses, que fue elegido diputado a Cortes en 1871 por el distrito de Amurrio. Comenzaron a organizar partidas guerrilleras, que se movieron sin demasiadas dificultades, lo que levantó sospechas sobre la actitud poco resuelta contra ellas de la Diputación, presidida por Francisco María de Mendieta, y llevó al gobernador civil a disolver el cuerpo de miñones. A comienzos de 1873 se generalizó la insurrección en la provincia, y Varona presidió la Diputación a Guerra que los carlistas constituyeron para suplir a la foral. En agosto de 1873 difundió una proclama en la que afirmaba que la finalidad de esa institución era «restituir a la Provincia aquellas costumbres religiosas encarnadas en su Fuero, que contribuían poderosamente a la felicidad temporal de sus habitantes, costumbres que han sido bastardeadas por las doctrinas deletéreas del liberalismo». Junto a Varona, otros líderes del carlismo alavés como Zárate, Verástegui o Mendieta extendieron una sublevación que logró un amplio respaldo en la provincia, pero que tuvo también frente a sí a otra parte de la sociedad alavesa, encabezada por el diputado general foral, el liberal Ramón Ortés de Velasco, pues se trató de un nuevo enfrentamiento.
El fin de la guerra, sin un compromiso similar al del Convenio de Bergara, y la negativa opinión pública que en España se había formado contra ellos durante la contienda, junto a la resuelta actitud del Gobierno de Cánovas del Castillo de acabar con el particularismo fiscal y militar vasco, acabaron sometiendo a los Fueros al debate de las Cortes: en ellas el diputado alavés Mateo Benigno de Moraza realizó encendidos discursos en su defensa, que le valieron el reconocimiento de su provincia. Ni sus esfuerzos ni los de los demás diputados y comisionados vascos sirvieron de nada y la Ley de 21 de julio de 1876 fue finalmente aprobada, desmantelando así los fueros, al poner fin a dos aspectos cruciales de la foralidad, el fiscal y militar. Al igual que ocurrió en Bizkaia y Gipuzkoa, la estrategia dilatoria de la Diputación alavesa en la aplicación de la ley le valió su disolución por orden del Gobierno. Una Diputación Provincial nombrada por decreto y compuesta por fueristas transigentes, que en Álava estaban liderados por el ex diputado foral y gobernador civil Benito María de Vivanco, negociaría el orden posforal que definió el régimen de conciertos económicos. Iniciado el 28 de febrero de 1878 con la aprobación del primero de ellos, reformuló y a la vez garantizó la autonomía fiscal y administrativa de las Provincias Vascongadas, abriendo una nueva etapa en la historia de Álava.
Bibliografía
Agirreazkuenaga, J. (coord.), Historia de Euskal Herria. Historia general de los vascos. Vol. IV: La crisis de la civilización de los vascos del Antiguo Régimen y estrategias de revolución liberal e industrial: 1789-1876, San Sebastián: Lur, 2004.
Bazán, I. (dir.), De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia, Madrid: La Esfera de los Libros, 2002.
De la Granja, J. L.; De Pablo, S., y Rubio Pobes, C., Breve historia de Euskadi. De los fueros a la autonomía, Madrid: Debate, 2011.
Montero, M., La construcción del País Vasco contemporáneo, San Sebastián: Txertoa, 1993.
Portillo, J. M., Monarquía y gobierno provincial: poder y constitución en las provincias vascas (1760-1808), Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1991.
Rivera, A. (dir.), Historia de Álava, Vitoria: Nerea, 2003.
Rubio Pobes, C., Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español (1808-1868), Madrid: Siglo XXI, 1996.
— «¿Qué fue del oasis foral? (Sobre el estallido de la II guerra carlista en el País Vasco)», Ayer, 38 (2000), pp. 65-89.
— La identidad vasca en el siglo xix. Discurso y agentes sociales, Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.
— Pedro Egaña. Discursos y escritos, Bilbao: EHU PRESS, 2019.
Rubio Pobes, C., y De Pablo, S. (coords.), Los liberales. Fuerismo y liberalismo en el País Vasco (1808-1876), Vitoria-Gasteiz: Fundación Sancho el Sabio, 2002.
Urquijo, M., Liberales y carlistas: revolución y fueros vascos en el preludio de la última guerra carlista, Bilbao: Universidad del País Vasco, 1994.
