Se inicia con un estudio sobre la realidad política caracterizada por la globalización, la regionalización, la gobernanza y las redes políticas. La cooperación figura en la Constitución de 1978 como un principio imprescindible en un Estado descentralizado regional o federal, cuyo alcance ha sido perfilado por la doctrina del Tribunal Constitucional. En el Estatuto de Gernika (1979) y en el Amejoramiento Navarro (1982) se previó la cooperación general con otras Comunidades Autónomas y la específica entre ellas, con un régimen propio.